
Las claves judiciales que complican el futuro de Zapatero en el caso Plus Ultra

El desarrollo de las pesquisas en la Audiencia Nacional ha situado de nuevo en el centro de la actualidad las presuntas ramificaciones del rescate financiero a la aerolínea Plus Ultra.
Según la recopilación de El Debate a partir de las actuaciones que instruye el magistrado José Luis Calama, los informes elaborados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil habrían detectado supuestas inconsistencias entre las declaraciones públicas prestadas por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y los registros documentales de la causa.
El expediente no solo aborda las circunstancias en las que la compañía aérea recibió 53 millones de euros de dinero público durante la pandemia, sino que también examina supuestas labores de mediación internacional en sectores como el petrolero y el aurífero vinculados al contexto venezolano, así como un entramado de transferencias que habrían salpicado a personas de su entorno familiar.
Las sospechas de la UDEF sobre las gestiones del rescate
Frente a las manifestaciones del exjefe del Ejecutivo, quien negó ante el Senado haber realizado gestiones en favor de la aerolínea, los investigadores de la UDEF habrían documentado reuniones y contactos previos a la aprobación del rescate por parte del Consejo de Ministros.
Entre las anotaciones analizadas figuran encuentros agendados con altos cargos ministeriales y llamadas de teléfono con directivos de la compañía aérea.
Asimismo, las conversaciones intervenidas a varios implicados en el proceso sugerirían que la trama habría confiado en la capacidad de mediación del expresidente ante la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
El objetivo de estas supuestas gestiones habría sido facilitar la concesión de los permisos operativos necesarios y la viabilidad de la inyección económica aprobada en 2021.
Investigaciones sobre negocios internacionales y presuntas comisiones
El alcance de las pesquisas policiales se extiende más allá de la operación aeronáutica. De acuerdo con los informes de las fuerzas de seguridad, distintas sociedades asociadas a los investigados habrían accedido a operativas de compraventa de crudo venezolano gracias a la presunta influencia política atribuida al exmandatario socialdemócrata.
De forma paralela, la Guardia Civil investiga supuestas labores de intermediación en la comercialización de oro con destino a Emiratos Árabes Unidos. Los informes indican que estas operaciones se habrían encubierto presuntamente bajo el pretexto de servicios de asesoría técnica, los cuales habrían generado elevadas comisiones económicas para las entidades mercantiles bajo sospecha.
Rastreos bancarios en el entorno familiar e inspección tributaria
El análisis del flujo de capitales efectuado por los investigadores cuantifica en más de tres millones de euros los fondos que se habrían derivado presuntamente hacia el círculo personal y familiar del expresidente.
Estas transferencias se habrían canalizado desde la aerolínea y otras firmas intermediarias a través de sociedades como Análisis Relevante o Whathefav, esta última vinculada a sus hijas.
Ante estos hallazgos, la justicia mantiene abierta una investigación patrimonial que analiza alrededor de 60 cuentas bancarias para esclarecer, entre otros aspectos, la amortización anticipada de una hipoteca familiar y el origen de un lote de joyas intervenido en un registro.
A este escenario se suman las actuaciones abiertas por la Agencia Tributaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales del entorno del expresidente en los ejercicios recientes.
Con información de El Debate


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