La instrucción sobre el rescate estatal concedido a la aerolínea Plus Ultra entra en un momento determinante en la Audiencia Nacional. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, ha fijado para los días 7 y 8 de septiembre la comparecencia en calidad de investigados de Julio Martínez Sola, presidente de la compañía, y de Roberto Roselli, consejero delegado de la firma aérea.
La citación judicial responde a los escritos remitidos por ambos ejecutivos en los que atribuyen al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero mediaciones informales para facilitar la aprobación de una inyección pública de 53 millones de euros en marzo de 2021.
De acuerdo con las actuaciones recogidas por el diario La Razón, el origen de los contactos se remonta a abril de 2020. En plena parálisis del sector aeronáutico por la pandemia, el empresario Manuel Aarón Fajardo sugirió a la dirección de la compañía acudir al exjefe del Ejecutivo para destrabar financiación de emergencia.
Según el testimonio entregado al juzgado, Zapatero habría mantenido una conversación telefónica de unos 10 minutos desde un número oculto con el presidente de la aerolínea, derivando los trámites operativos hacia un hombre de su "confianza", el consultor Julio Martínez.
A partir de esta intermediación, la empresa asumió el pago de una comisión del 1% sobre el total del rescate, equivalente a unos 530.000 euros. La cúpula de la aerolínea justificó la contratación de la consultora Análisis Relevante como un movimiento de desesperación financiera para garantizar la supervivencia de la firma.
Los directivos precisaron que los abonados no se realizaron directamente al exmandatario, sino que la suma se fraccionó mediante transferencias a sociedades gestionadas por Martínez, además de añadir un pago en especie de 69.000 euros en billetes aéreos de clase preferente.
Pese a admitir el desembolso de los fondos, tanto el presidente como el consejero delegado de Plus Ultra reconocieron en sus escritos que carecen de constancia fehaciente sobre las actuaciones concretas que habría ejercido Zapatero ante los organismos públicos.
Inicialmente, las gestiones se encaminaron a la obtención de un crédito ICO a través de entidades bancarias privadas. Sin embargo, tras la creación del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), los esfuerzos de la consultoría se reorientaron de manera prioritaria hacia el ente estatal.
La dirección de la aerolínea asegura que el intermediario anticipó con precisión quirúrgica las resoluciones administrativas favorables. El 26 de febrero de 2021, la consultora comunicó a la empresa que la SEPI había dado luz verde al expediente, anunciando que la aprobación formal se produciría en el Consejo de Ministros del 9 de marzo.
La previsión se cumplió íntegramente tras el informe del consejo gestor el 2 de marzo, formalizando el auxilio económico. El juez Calama interrogará a ambos ejecutivos para esclarecer si existió un delito de tráfico de influencias o cohecho en la tramitación del rescate público.
Con información de La Razón
