Plus Ultra: el "testaferro" sentencia a las hijas de Zapatero y compromete al Gobierno por el rescate

Durante un interrogatorio de casi cuatro horas ante el juez José Luis Calama y mediante un escrito judicial previo enviado a la Audiencia Nacional, el empresario Julio Martínez admitió el pago de comisiones irregulares al expresidente y a su entorno familiar
Actualidad Sala de redacción
Julio Martinez|Foto: EFE
Julio Martínez Martínez|Foto: EFE

El caso Plus Ultra ha dado un giro decisivo en la Audiencia Nacional. El empresario Julio Martínez Martínez, señalado por los investigadores como el presunto "testaferro" de José Luis Rodríguez Zapatero, ratificó ante el magistrado José Luis Calama que utilizó una red de empresas para canalizar el pago de comisiones al exjefe del Ejecutivo y a su entorno familiar.

Durante una comparecencia de casi cuatro horas, el investigado consolidó su estrategia de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, un frente al que también se unieron la propia aerolínea Plus Ultra, su presidente Julio Martínez Sola y su consejero delegado Roberto Roselli.

Claves de la declaración judicial y del escrito remitido a la Audiencia Nacional

Tanto en la declaración presencial efectuada este martes 21 de julio como en el escrito de ocho folios presentado un día antes por su representación legal —al que tuvo acceso el diario Vozpópuli—, el empresario desglosó el funcionamiento interno de la trama y la implicación directa del exmandatario socialista:

  • Inexistencia de actividad real en Análisis Relevante: Martínez confirmó que la sociedad Análisis Relevante S.L., constituida a finales de 2019 a propuesta de Javier de Paz y Sergio Sánchez, operó como una estructura instrumental para canalizar fondos. La mercantil no realizaba labores comerciales genuinas y los informes facturados no eran encargos de clientes, sino folletos promocionales enviados a potenciales compradores.

  • Liderazgo de Rodríguez Zapatero: Pese a que el accionariado formal pertenecía a Martínez (75 %) y a Sergio Sánchez (25 %), el expresidente "lideraba y decidía" las estrategias corporativas. Su posición le permitió captar cuatro empresas clientes: Aldesa, Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Gate Center.

Caso Plus Ultra: el empresario Julio Martinez y el expresidente José Luis Rodríguez ZapateroCerco judicial a Zapatero: empresarios admitirán pagos irregulares por el rescate de Plus Ultra
  • Transferencias al entorno familiar: La firma de Martínez transfirió 490.780 euros a Rodríguez Zapatero. Paralelamente, la sociedad Whathefav S.L., administrada por las hijas del exjefe del Ejecutivo, Laura y Alba Rodríguez Solana, percibió 239.755 euros. El declarante detalló que las hijas maquetaban inicialmente los informes elaborados por su padre, pero continuaron cobrando elevadas sumas incluso después de dejar de prestar ese servicio.

  • Comisión por el rescate de la aerolínea: Martínez ratificó la firma de un contrato con Plus Ultra para cobrar una mordida del 1 % del rescate de 53 millones de euros otorgado por el Gobierno durante la pandemia. En mayo de 2020, Rodríguez Zapatero le comunicó que recibiría una llamada de los directivos de la compañía para abordar las gestiones financieras.

Origen de la relación personal y dudas sobre la mediación

El vínculo de confianza entre el empresario y el exmandatario se extendió durante 14 años, finalizando en diciembre de 2025. El origen de la relación se remonta a 2011, cuando Martínez adquirió una vivienda propiedad del político situada en Vera (Almería).

La firma de la escritura de compraventa se celebró en el propio Palacio de La Moncloa tras la intermediación de Javier de Paz, afianzándose posteriormente por aficiones deportivas compartidas.

Durante el interrogatorio, el juez Calama definió al declarante como un "correveidile" del presunto líder de la red. Al ser preguntado sobre las autoridades concretas ante las que pudo interceder el exjefe del Ejecutivo para materializar la ayuda pública, Martínez manifestó que lo desconoce, ignorando el detalle de las gestiones que le atribuye la Policía Nacional.

La investigación mantiene bajo escrutinio las actuaciones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y del Consejo de Ministros, organismos que autorizaron la ayuda estatal en marzo de 2021.

Con información de Vozpópuli

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