El empresario Julio Martínez Martínez, señalado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) como presunto 'testaferro' del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, declarará ante la Audiencia Nacional el próximo 21 de julio con la firme disposición de colaborar con la instrucción judicial.
Esta decisión, revelada en exclusiva por el medio digital The Objective, marca un punto de inflexión en la investigación del denominado caso Plus Ultra, donde se indaga el desvío de ayudas públicas y la presunta existencia de una red de influencias políticas ilícitas.
El cambio de postura del empresario alicantino responde a las recomendaciones directas de su círculo familiar más cercano, según ha detallado el mencionado medio.
Durante las últimas semanas, sus hermanos, algunos de los cuales figuran como administradores en el entramado de casi 20 sociedades que Martínez gestionaba desde una nave industrial en Petrer (Alicante), le han instado a buscar beneficios procesales. La ruptura del hermetismo del acusado quiebra la lealtad absoluta que mantenía hacia el expresidente del Gobierno español.
La nueva línea de acción legal está dirigida por la abogada y exfiscal María Dolores Márquez de Prado, quien asumió la defensa tras la renuncia del anterior letrado, Bernardo del Rosal, debido a discrepancias "irreconciliables".
Márquez de Prado cuenta con 17 años de experiencia en la Fiscalía de la Audiencia Nacional y un historial de acuerdos de conformidad complejos, como el alcanzado para el actor Imanol Arias en el caso Nummaria o la representación de Rosalía Iglesias en la trama Gürtel.
El entorno del investigado, según adelanta The Objective, promueve una delación completa que esclarezca la estructura organizativa. No obstante, Martínez sopesa el alcance de sus revelaciones apoyándose en los propios informes de la policía judicial.
En dichas diligencias, los implicados directos en la aerolínea Plus Ultra se referían a él bajo el término de "lacayo", una condición de subordinado que la defensa prevé utilizar para atenuar su responsabilidad penal frente al liderazgo atribuido por los agentes a Rodríguez Zapatero.
El caso Plus Ultra investiga la legalidad de una ayuda estatal de 53 millones de euros concedida a la aerolínea hispanovenezolana durante la crisis sanitaria.
La policía judicial sostiene la hipótesis de que la organización aprovechaba conexiones políticas de alto nivel para facilitar ventajas mercantiles a corporaciones privadas, situando la base de operaciones financieras en el entorno societario administrado desde la provincia de Alicante.
Por su parte, José Luis Rodríguez Zapatero manifestó su inquietud ante el cambio de estrategia de su antiguo colaborador, según desvela el mencionado medio. Los vínculos comerciales y personales entre ambos comenzaron a distanciarse tras la detención de Martínez en diciembre del año pasado.
Aunque inicialmente el exlíder del PSOE confiaba de forma plena en el silencio de su "subordinado", la sustitución del equipo legal extinguió las garantías de fidelidad que sostenían la tranquilidad en su entorno.
Según la publicación, ante la solidez de las pruebas acumuladas, el exjefe del Ejecutivo optó por desvincularse por completo de la gestión del empresario durante su propia comparecencia ante el juez José Luis Calama.
En esa citación judicial, Zapatero limitó su testimonio a responder exclusivamente a su representación legal y al magistrado, definiendo su actividad profesional como consultoría internacional y rechazando cualquier tipo de mediación en el rescate financiero de la compañía aérea, a pesar de los mensajes interceptados que contradicen dicha postura.
Con información de The Objective
