
Ultimátum de Ceuta al Gobierno: 30 días para actuar o acudirá al Poder Judicial

La brecha institucional entre el Ejecutivo de Ceuta y el Gobierno central ha alcanzado un punto crítico. Tras la celebración de un Consejo de Gobierno con carácter extraordinario, el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, ha lanzado una contundente advertencia a la administración central al fijar un plazo máximo de 30 días para que se adopten medidas eficaces que contengan la grave crisis migratoria que afecta al territorio.
De no producirse una respuesta ejecutiva inmediata, Vivas ha anunciado su firme intención de acudir a las más altas instancias del Poder Judicial, solicitando audiencias formales con la presidencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional para denunciar la desprotección y la inactividad que padece la localidad.
El dirigente popular ha calificado la coyuntura actual como un verdadero "Estado de excepción", desencadenado tras la entrada extraordinaria de decenas de miles de personas a finales del pasado mes de julio.
A su juicio, la falta de una respuesta rápida por parte del Estado vulnera el principio de equidad de los ciudadanos ceutíes respecto al resto del país.
Cuestionamiento a la política exterior y llamadas a la contundencia
En una comparecencia de marcado tono institucional pero especialmente dura en los matices, el titular del Gobierno ceutí ha puesto en tela de juicio las razones detrás de la aparente "pasividad" ministerial. Entre las hipótesis planteadas, Vivas ha señalado desde una posible incapacidad de gestión hasta el temor a alterar los equilibrios diplomáticos con Marruecos.
El mandatario advirtió sobre el peligro de supeditación de la seguridad nacional a mantener "pseudobuenas" relaciones bilaterales, señalando que la falta de firmeza podría favorecer estrategias externas diseñadas para socavar la estabilidad de la ciudad autónoma.
En este contexto, se ha exigido una colaboración sincera del país vecino en los procedimientos de readmisión y devolución, abarcando tanto a población adulta como a menores no acompañados.
Para la administración local, el blindaje fronterizo efectivo resulta una condición imprescindible para garantizar la seguridad ciudadana y permitir la paulatina reactivación económica del enclave, recordando que las obligaciones estatutarias del Estado van más allá del propio Gobierno central.
Tensión con el Ministerio de Sanidad por los recursos locales
La intervención también sirvió para responder de manera directa a las críticas vertidas recientemente por la ministra de Sanidad, Mónica García, quien reprochó a las autoridades ceutíes cierta falta de disposición para la acogida de migrantes.
Vivas ha rechazado tajantemente lo que considera "lecciones de solidaridad", defendiendo la trayectoria históricamente acogedora de la población local y recordando el agotamiento que sufren los servicios públicos del territorio.
El presidente autonómico ha recalcado la asfixia que atraviesa el sistema sanitario de Ceuta, cuyos profesionales vienen advirtiendo de una profunda escasez de medios materiales y humanos para hacer frente a la demanda asistencial.
En sus palabras finales, instó al Ministerio a velar por los derechos fundamentales y la igualdad de trato de los propios residentes ceutíes, cuyo acceso a servicios esenciales se encuentra comprometido por el impacto continuado de la emergencia en la frontera.
Con información de Cadena Ser




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