El Supremo amnistía a cuatro exmiembros de la Mesa del Parlament y Sánchez celebra el "éxito"

El Tribunal Supremo ha aplicado la Ley de Amnistía a cuatro antiguos miembros de la Mesa del Parlament de Cataluña de 2017 —Lluís María Corominas, Anna Simó, Ramona María Barufet y Lluís Guinó—, extinguiendo formalmente la responsabilidad penal por desobediencia por la que fueron condenados en 2023.

La resolución judicial confirma el archivo de las causas y el levantamiento de las inhabilitaciones para ejercer cargos públicos, una medida que ha sido celebrada por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, como una prueba del "éxito" de la norma.

Según detalla el auto judicial, la sala acordó declarar amnistiados los actos por los que los cuatro antiguos representantes autonómicos fueron juzgados en su momento.

La tramitación de los recursos interpuestos ante la alta magistratura se mantenía paralizada a la espera de que los órganos de garantías fijaran su posición sobre el encaje legal de la medida, paso que se completó tras el aval del Tribunal Constitucional y el reciente dictamen favorable del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El encaje legal de la medida de gracia en los tribunales

La decisión del alto tribunal supone un paso determinante en la aplicación práctica de la legislación de gracia en el ámbito autonómico catalán. Con el pronunciamiento de las instancias comunitarias confirmando que el marco normativo se ajusta a derecho, el órgano judicial ha procedido a decretar el archivo definitivo de los expedientes incoados por los hechos acaecidos durante el proceso independentista de 2017.

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Este fallo operativo en la sede judicial consolida el recorrido de la ley en los tribunales ordinarios, permitiendo la resolución de causas pendientes por delitos de desobediencia que pesaban sobre antiguos cargos institucionales. 

Sánchez defiende el balance político de la norma

Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, cuya esposa, Begoña Gómez, afronta en la actualidad un proceso judicial en el que la acusación popular ha llegado a solicitar hasta 13 años de cárcel por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de fondos públicos, compareció para fijar la posición de su administración ante los últimos avances legislativos.

Durante su intervención, el líder del Ejecutivo enfatizó la vigencia de la norma, asegurando que las decisiones adoptadas fueron necesarias para propiciar el reencuentro social y favorecer un entendimiento indispensable entre administraciones.

Sánchez resaltó que la colaboración institucional entre el Estado y la Generalitat de Cataluña ha devuelto la estabilidad política, argumentando que el porcentaje de ciudadanos que perciben las relaciones territoriales como un problema primordial ha descendido notablemente en los últimos años.

Asimismo, el presidente valoró los consensos bilaterales alcanzados con otras comunidades autónomas como el País Vasco, Galicia y Navarra en materia de transferencia de competencias, enmarcando la amnistía dentro de una estrategia general destinada a fortalecer la cooperación en todo el territorio nacional.

Con información de Europa Press