El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha respaldado formalmente la ampliación de la investigación judicial sobre el expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero. La decisión judicial se centra en indagar el origen y destino de un cobro de 200.000 euros procedentes del holding peruano grupo Gloria.
Según las diligencias previas, esta cantidad económica habría sido abonada al exmandatario español a cambio de llevar a cabo labores de intermediación e influencias ante las autoridades de Bolivia, con la finalidad de resolver y destrabar el pago de una indemnización económica pendiente para una de las firmas de este conglomerado empresarial.
La representación legal del expresidente del Ejecutivo español había presentado un recurso para excluir expresamente esta transacción de las diligencias. La defensa técnica argumentaba que la compañía Focus Social Research, perteneciente al citado grupo peruano, se encontraba fuera del perímetro de la causa original.
Asimismo, los letrados alegaron que la fiscalización de esta relación profesional constituía una injerencia policial desproporcionada, realizada de forma indiscriminada y carente de límites definidos o de la correspondiente autorización judicial previa.
No obstante, en el auto de la Audiencia Nacional, el magistrado José Luis Calama ha desestimado los argumentos de la defensa de Zapatero de manera categórica. El juez aclara que el descubrimiento de las transferencias monetarias asociadas a la firma Focus Social Research no obedece a un rastreo aleatorio de la vida privada del investigado.
Por el contrario, el magistrado sostiene que es el resultado lógico y directo de las fuentes de prueba recabadas de forma legítima durante el transcurso de las pesquisas judiciales ordinarias que ya estaban en marcha.
El magistrado de la Audiencia Nacional incide en que la naturaleza de la instrucción judicial permite que salgan a la luz hechos nuevos no contemplados inicialmente, siempre que estos cuenten con una apariencia real de criminalidad. En consecuencia, la resolución descarta cualquier tipo de vulneración de los derechos constitucionales o fundamentales de Zapatero.
El instructor defiende que la información proviene de fuentes válidas obtenidas bajo autorización, se enmarca en la causa existente, respeta el derecho a la intimidad personal y no constituye en ningún caso una causa general de carácter prospectivo.
El auto del juez enfatiza que la suma de 200.000 euros, por su cuantía, su procedencia y el contexto en el que se produce, resulta sumamente relevante para la causa. Las pesquisas buscan dilucidar si dicho abono sirvió como contraprestación ilícita o si encubre retornos financieros vinculados a las redes de influencia bajo sospecha.
El instructor puntualiza que la participación ordinaria del exdirigente en ponencias o servicios de asesoría legítimos no anula la necesidad de inspeccionar aquellos pagos que presenten indicios de otra naturaleza delictiva.
La investigación se sustenta sobre un informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Los agentes detallan que Zapatero medió activamente entre los años 2024 y 2025 ante representantes gubernamentales de Bolivia en favor de los intereses comerciales del holding peruano Gloria.
El informe policial concluye que los indicios reunidos apuntalan la sospecha sobre una supuesta organización criminal dedicada a la intermediación internacional ilícita, la cual aprovecharía la proyección pública y los contactos del expresidente
Con información de EFE
