El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha solicitado formalmente a la Agencia Tributaria la suspensión de la inspección fiscal abierta contra su persona y los miembros de su familia.
El político socialista fundamenta esta petición en que la actuación de la administración llegó con posterioridad a su imputación formal. Por este motivo, su defensa considera que el procedimiento entra en un conflicto directo con la investigación penal que ya instruye la Audiencia Nacional.
Los abogados defensores sostienen en su escrito que la Agencia Tributaria operó de manera "unilateral y caprichosa". La representación legal exige principalmente que se declaren nulas todas las inspecciones tributarias en curso.
De forma subsidiaria, demanda que Hacienda detenga de oficio sus intervenciones por motivo de perjudicialidad penal. La defensa argumenta que los acontecimientos analizados por la vía administrativa coinciden de forma parcial con la materia que investiga el juzgado penal.
El documento remitido al organismo público detalla que la inspección posee un alcance general. Las indagaciones se dirigen específicamente contra el expresidente, su cónyuge, Sonsoles Espinosa, y las hijas de la pareja.
Las solicitudes de información tributaria exigen la revisión exhaustiva de movimientos bancarios y otras transacciones financieras. El período temporal bajo fiscalización comprende los ejercicios fiscales anuales desde 2021 hasta 2024.
La defensa alega firmemente que continuar con la inspección activa vulneraría los derechos fundamentales de Zapatero. El escrito recalca que el procedimiento de Hacienda choca con la doctrina establecida por el Tribunal Supremo, la cual decreta la prioridad absoluta de la jurisdicción penal sobre la administrativa.
Los datos solicitados por la inspección corresponden temporal y materialmente a la causa penal sobre el origen, la trazabilidad, la tenencia y la capacidad económica vinculada con la adquisición de joyas intervenidas. El propio auto del juez instructor señala los posibles efectos de estos hechos en el IRPF y el IVA.
La argumentación del investigado determina que la Agencia Tributaria sitúa al expresidente en una alternativa "constitucionalmente diabólica". Si el exlíder socialista opta por colaborar activamente con los inspectores fiscales, dicha información podría ser empleada en su perjuicio dentro del proceso de la Audiencia Nacional.
Por el contrario, si decide no aportar la documentación solicitada, se expondría a recibir sanciones administrativas debido a la obstrucción, resistencia, excusa o negativa ante los funcionarios estatales.
El organismo fiscalizador notificó previamente al magistrado de instrucción, José Luis Calama, el inicio oficial de las actuaciones de comprobación y de investigación inspectora. Estas pesquisas afectan directamente a Zapatero, a su familia directa y también al empresario Julio Martínez Martínez.
Las labores de revisión puestas en marcha abarcan múltiples figuras impositivas del sistema fiscal español, entre las que destacan el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), el Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre Sociedades y el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas.
Con información de Antena 3
