El escenario judicial español respecto a las causas pendientes de la banda terrorista ETA ha registrado un movimiento significativo en el ámbito de la cooperación internacional.
La Audiencia Nacional ha formalizado el envío de una comisión rogatoria dirigida a las autoridades de Venezuela con el propósito de recabar información precisa sobre el paradero y las actividades actuales de Juan Ignacio de Juana Chaos y otros 13 antiguos integrantes de la organización criminal que presuntamente se encuentran en dicho territorio.
La decisión ha sido adoptada mediante un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, dictado por el magistrado Francisco de Jorge. En el documento jurídico, el instructor fundamenta la viabilidad de este requerimiento en la coyuntura de transformación institucional que atraviesa la nación latinoamericana, señalando de forma expresa que el cambio político operado recientemente en Venezuela abre una oportunidad para demandar una colaboración estrecha y efectiva en materia penal.
El requerimiento atiende a una petición previa formulada por la asociación Dignidad y Justicia, entidad que ejerce el rol de acusación popular en el procedimiento.
El objetivo del tribunal es obtener datos concluyentes que permitan esclarecer el grado de vinculación, las funciones de enlace y las responsabilidades específicas de estos 14 individuos dentro de las estructuras locales del denominado colectivo de refugiados de la organización terrorista.
Entre las identidades detalladas en la documentación remitida a las autoridades venezolanas, además de De Juana Chaos, figuran nombres de históricos prófugos como Eugenio Barrutiabengoa, José Luis Eciolaza, Ángel María Lizarbe, Luis María Olalde y José Ángel Urruti.
La lista de personas sobre las que se solicita el traspaso de información institucional se completa con Asunción Arana, Juan José Aristizábal, María Artola Echeverría, Manuel Asier Guridi, Jesús María Huerta e Ignacio Echevarría.
Los mecanismos de asistencia judicial internacional y el intercambio de datos entre jurisdicciones soberanas constituyen la base de la persecución de delitos graves transnacionales, especialmente cuando los investigados permanecen fuera del espacio Schengen.
De forma complementaria, el magistrado Francisco de Jorge ha librado una segunda comisión rogatoria, en este caso con destino a los órganos judiciales de los Estados Unidos (EEUU).
La justicia española aspira a acceder formalmente a las evidencias y testimonios recopilados en el marco del proceso penal seguido en territorio estadounidense contra el exgeneral venezolano Hugo Armando "El Pollo" Carvajal, ante la previsión de que dichas actuaciones contengan datos relevantes sobre las redes de apoyo a los prófugos.
El escrito de la Audiencia Nacional respalda las tesis del Ministerio Fiscal, que define a estas agrupaciones de huidos en el exterior como extensiones con dependencia orgánica directa de la cúpula de la banda.
Según la querella inicial que sustenta la causa, la dirección de ETA ejercía una supervisión continuada sobre sus miembros en el extranjero, gestionaba asistencia jurídica, administraba recursos económicos de soporte y mantenía un control estricto sobre las dinámicas operativas de cada uno de los refugiados en suelo americano.
Con información de El Confidencial
