La administración del presidente de Estados Unidos (EEUU) Donald Trump ha instruido de forma directa a los fiscales federales de Miami que eviten abrir o continuar investigaciones penales contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
Según ha revelado una investigación de la agencia Associated Press (AP), que recoge CNN, esta directriz interna busca proteger el acercamiento diplomático y comercial entre la Casa Blanca y el país sudamericano.
Aunque Rodríguez ha sido durante años un objetivo prioritario para la Administración para el Control de Drogas (DEA), de acuerdo con la publicación, la actual política de Washington prioriza el entendimiento con las nuevas autoridades de Caracas.
Por su parte, un portavoz del Departamento de Justicia de EEUU afirmó por correo electrónico que formalmente no existía un expediente judicial abierto que proceder a cerrar.
Pese a estas declaraciones oficiales, los documentos internos de la DEA obtenidos por la citada agencia de noticias confirman que el nombre de la mandataria venezolana figuraba de manera recurrente en los informes de inteligencia criminal desde el año 2018.
Sin embargo, a diferencia de otros antiguos miembros del Ejecutivo venezolano, ella nunca ha llegado a ser procesada formalmente ante un tribunal estadounidense.
Según se relata, la orden de congelar el escrutinio judicial sobre la dirigente tiene como objetivo fundamental no interferir en los planes de transición diseñados por Washington. Las autoridades norteamericanas pretenden consolidar la estabilidad institucional en el territorio tras la pérdida de poder de Nicolás Maduro.
Fuentes gubernamentales bajo condición de anonimato explicaron que la medida alivia la presión jurídica internacional sobre Rodríguez, facilitando el diálogo bilateral y la apertura de los sectores estratégicos locales a los fondos de inversión de origen estadounidense.
En consonancia con este nuevo escenario político, el Gobierno de EEUU procedió a levantar las sanciones económicas individuales que pesaban sobre Rodríguez, reconociéndola formalmente como la jefa de Estado legítima de Venezuela.
Este cambio normativo ha permitido a la mandataria retomar operaciones con la banca internacional occidental y coordinar mesas de trabajo con corporaciones norteamericanas. De hecho, el propio presidente Trump ha calificado públicamente la gestión de Rodríguez como positiva a través de sus canales oficiales de comunicación, destacando la reactivación del suministro de crudo.
La reactivación de los lazos comerciales coincide con un cambio profundo en la estructura del poder en Venezuela, donde la salida de Nicolás Maduro y su posterior procesamiento por cargos de narcotráfico en Nueva York han reconfigurado las alianzas políticas en la región, abriendo paso a un modelo de transición supervisado por la comunidad internacional.
A pesar del escenario actual, los registros históricos de las fuerzas de seguridad muestran que la DEA acumuló información detallada sobre Rodríguez. Las denuncias archivadas por la agencia incluían sospechas vinculadas al comercio de oro y supuestas operaciones financieras irregulares en complejos hoteleros de Isla Margarita.
Sus datos aparecieron en casi una docena de investigaciones distribuidas en oficinas federales de Nueva York, Phoenix o dependencias en Paraguay, además de las reuniones del Departamento de Justicia en Tampa destinadas a rastrear movimientos de capitales. La actual normativa estadounidense exige la autorización del fiscal general para procesar a mandatarios extranjeros en ejercicio.
Con información de CNN
