De acuerdo con la información adelantada por dicho medio, el plan de vuelo diseñado de manera apresurada contemplaba un trayecto inicial con escala en la República Dominicana.
Desde ese punto intermedio, el expresidente tenía previsto abordar una segunda aeronave perteneciente al propio gobierno venezolano para completar el traslado definitivo hacia Caracas, con un retorno fijado apenas 48 horas después.
Aunque han argumentado motivos de estricta índole privada, la súbita urgencia del viaje generó una profunda sorpresa en los sectores políticos nacionales, según relata Antena 3.
Finalmente, la notificación de la imputación por parte del magistrado José Luis Calama paralizó el despegue, abriendo el debate jurídico sobre la posible aplicación de medidas cautelares inmediatas, tales como la retirada preventiva del pasaporte o el riesgo de fuga.
Este movimiento migratorio frustrado coincide con los detalles desvelados en el auto de 88 páginas del juzgado de instrucción. El mecanismo de intermediación internacional bajo investigación en la Audiencia Nacional contaba con un punto de partida estrictamente definido.
Según detalla el auto emitido por el magistrado José Luis Calama, cualquier corporación internacional interesada en adquirir cargamentos de crudo en Venezuela debía remitir obligatoriamente una carta de intenciones comercial ("letter of intent") dirigida de forma directa a la oficina del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
El instructor judicial sostiene que este requisito operativo confirma que el entorno del exlíder socialista no operaba en una actividad mercantil ordinaria, sino que funcionaba como la pieza central de acceso estratégico a los recursos energéticos del país latinoamericano.
La resolución de la Audiencia Nacional se fundamenta en las comunicaciones telefónicas intervenidas por las fuerzas de seguridad al empresario Julio Martínez, administrador de la sociedad Análisis Relevante y miembro del círculo cercano al exdirigente.
En estos diálogos archivados, diversos inversores extranjeros pactaban los pasos logísticos para la adjudicación de los cargamentos de crudo, dejando constancia por escrito de la exigencia de registrar formalmente sus propuestas en la sede del expresidente para que el operativo pudiera avanzar ante las autoridades de Caracas.
Entre el material probatorio integrado en la causa penal, el magistrado resalta la existencia de una misiva formal enviada por el consorcio asiático China International Cultural Technology Resources Group.
El documento corporativo, que constaba con fecha explícita del 30 de octubre de 2023, estaba remitido directamente a la "Oficina del Presidente Zapatero", un elemento que para la consideración del juzgado corrobora que los actores del mercado internacional consideraban indispensable la mediación del político español para asegurar la viabilidad de sus proyectos de gran escala.
Asimismo, las transcripciones telefónicas analizadas exponen la coordinación del grupo con la entonces vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien los investigados identificaban bajo el alias de "La Dama" en los chats privados.
Los mensajes intervenidos detallan los preparativos de viaje de los comisionistas para entrevistarse directamente con ella y con el "Ministro Petróleo" de ese país, señalando a la alta funcionaria gubernamental como la persona que ejercía el control definitivo sobre la autorización y asignación de los buques petroleros destinados a la exportación.
Este procedimiento penal se centra en determinar si el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra en 2021 por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) estuvo vinculado a contraprestaciones ilícitas o intermediaciones políticas.
La tesis jurídica del instructor señala que la presunta red operaba mediante un entramado societario diseñado para el movimiento de fondos financieros mediante contratos de asesoramiento simulados.
De acuerdo con la información que recoge Onda Cero, el juez identifica a Análisis Relevante como la firma instrumental utilizada para percibir más de 941.000 euros procedentes de Plus Ultra y otras corporaciones.
De acuerdo con los flujos de capital verificados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), estos recursos económicos eran redistribuidos posteriormente, destinando 490.780 euros al propio expresidente y 239.755 euros a la agencia de comunicación Whathefav, administrada por sus hijas.
Con información de Onda Cero
