El caso Plus Ultra, que investiga el uso de los 53 millones de euros concedidos por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el rescate de la aerolínea, ha sumado un nuevo nombre a la lista de implicados. Se trata de Danilo Alfonso Diazgranados Manglano, un bróker venezolano con estrechos vínculos con el chavismo y con intereses empresariales en República Dominicana.
Su nombre aparece en la pieza separada que la juez Esperanza Collazos, titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, ha reabierto tras la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra los directivos de Plus Ultra.
La magistrada quiere determinar si parte del dinero del rescate se utilizó en operaciones de presunto blanqueo de capitales vinculadas a fondos venezolanos, con ramificaciones en España, Suiza y Francia.
Hasta ahora, la investigación había derivado en cuatro detenciones realizadas por la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) de la Policía Nacional: el presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola; el consejero delegado, Roberto Roselli; el empresario alicantino Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero; y un abogado.
Todos quedaron en libertad provisional, aunque imputados por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, apropiación indebida y blanqueo de capitales.
La investigación no se limita a los arrestados en España. Según documentación secreta, la causa se extiende a una decena de personas con intereses en República Dominicana.
Según publica OK Diario, entre ellos figuran los hermanos Luis Felipe y Enrique Martín Baca Arburu, empresarios peruanos residentes en La Romana, una de las zonas más exclusivas del país caribeño. Su asistente personal, la venezolana Gabriela Puente Garaboa, también aparece en la lista de investigados.
En ese mismo círculo se sitúan los empresarios chavistas Kristhian Alegre Waltery y el citado Danilo Diazgranados, quien habría movido millones de euros desde Venezuela hacia el extranjero y residido en la misma urbanización que los Baca. Otro de los nombres señalados es el neerlandés Simón Leendert Verhoeven, acreedor de Plus Ultra.
Antes de instalarse en República Dominicana, Diazgranados amasó una fortuna en Caracas como bróker para funcionarios del Estado venezolano durante la era chavista, según publicó Armando Info, un portal de periodismo de investigación de Venezuela y miembro de GIJN (la Red Global de Periodismo de Investigación).
Su perfil encaja con el de los llamados “boliburgueses”, millonarios surgidos al calor de la revolución bolivariana que multiplicaron sus riquezas gracias a la corrupción del régimen.
Memorandos internos de la Compagnie Bancaire Helvétique (CBH), fechados en 2011 y 2013, lo identifican como cliente desde 1991 y lo describen como intermediario en la compra y venta de valores para instituciones de la República Bolivariana de Venezuela, según recogen medios como Armando Info de Venezuela o el diario español El Confidencial.
Sus conexiones le permitieron asociarse con figuras como Álex del Nogal, empresario acusado de narcotráfico y cercano a Hugo Chávez, según publicó El Mundo.
En 2017, Diazgranados protagonizó otra operación relevante: adquirió al exportavoz de Donald Trump, Anthony Scaramucci, la empresa china HNA y su hedge fund por 180 millones de dólares, según informó Bloomberg.
El caso Plus Ultra se enmarca en un debate más amplio sobre el uso de fondos públicos en rescates empresariales y sobre la influencia de capitales extranjeros en España.
El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente también sigue la pista de movimientos vinculados a la trama Koldo, con especial atención a operaciones realizadas en República Dominicana.
La investigación sobre Diazgranados y otros empresarios refuerza la dimensión internacional del caso, que conecta intereses en Europa y Latinoamérica y pone bajo la lupa la relación entre negocios privados y fondos públicos.
Con información de OK Diario
