El panorama judicial español registra un acontecimiento sin precedentes en la historia democrática reciente. La Audiencia Nacional ha citado a declarar en calidad de investigado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero debido a las presuntas irregularidades derivadas de la ayuda financiera concedida a la aerolínea Plus Ultra.
La resolución judicial coincide con los registros efectuados por las fuerzas de seguridad en el despacho profesional del exmandatario y en las sedes de tres sociedades mercantiles vinculadas al entorno de la investigación.
Los hechos bajo sospecha institucional comenzaron el 9 de marzo de 2021, período en el que el Gobierno aprobó una inyección de 53 millones de euros para la citada compañía aérea.
Los fondos estatales se otorgaron a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, un instrumento ya establecido y gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para mitigar los efectos económicos de la crisis sanitaria.
Aunque los tribunales archivaron de forma provisional la causa en enero de 2023 al no detectar indicios de malversación o prevaricación, la aparición de nuevos datos policiales obligó a reabrir el expediente.
El rumbo del proceso cambió significativamente cuando la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional hallaron indicios de que los fondos públicos pudieron desviarse hacia operativas de blanqueo vinculadas a tramas de corrupción internacionales.
Este avance propició que, en diciembre de 2025, los agentes detuvieran a la cúpula directiva de la aerolínea en una operación que supuso el registro de sus oficinas centrales. Ante la magnitud de las ramificaciones fiscales descubiertas, el juzgado de instrucción inicial decidió inhibirse en favor de la Audiencia Nacional.
Por su parte, la empresa aeronáutica ha respondido legalmente mediante una denuncia contra la UDEF, acusando a los funcionarios policiales de un presunto delito de revelación de secretos tras filtrarse documentos confidenciales a los medios de comunicación.
En paralelo, el foco judicial se ha centrado en las actividades de consultoría del expresidente, quien admitió haber facturado 70.000 euros brutos anuales a una firma cliente de la aerolínea, si bien remarcó que dichos ingresos fiscales se declararon íntegramente de acuerdo con la normativa tributaria vigente.
Este procedimiento penal se desarrolla en un escenario de extrema sensibilidad política, donde las decisiones sobre el rescate de corporaciones privadas con participación de capital extranjero han sido objeto de un intenso de debate en las comisiones parlamentarias del Senado.
Tras recibir la notificación de la Audiencia Nacional, José Luis Rodríguez Zapatero emitió una declaración pública en formato de vídeo en la que negó de manera tajante haber realizado cualquier tipo de mediación o gestión de influencia ante los organismos públicos encargados de autorizar el rescate financiero.
El exjefe del Ejecutivo central aseguró que "jamás" ha intervenido ante ninguna administración ni sector público a favor de Plus Ultra, garantizando que toda su actividad privada y pública se ha desarrollado bajo un absoluto respeto a la legalidad vigente.
En su mensaje a los medios, el investigado enfatizó que no posee ni ha participado en sociedades mercantiles nacionales o internacionales a través de terceros.
Asimismo, defendió la plena transparencia de sus actividades profesionales y de la empresa de consultoría perteneciente a sus familiares directos, asegurando que todos sus ingresos han sido declarados vía IRPF. Zapatero avanzó que ejercerá su derecho a la defensa con total firmeza y convicción en las próximas jornadas.
Con información de EFE
