Un juzgado de primera instancia de Madrid ha admitido a trámite la demanda presentada por la representación legal del cantante Julio Iglesias contra la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por una presunta vulneración del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
A través de una resolución firmada por la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número 33 de Madrid, la magistrada titular María Teresa de la Asunción ha formalizado el emplazamiento de la alta funcionaria estatal, concediéndole un plazo de 20 días hábiles para responder formalmente al escrito acusatorio en el marco de un procedimiento que se sustanciará bajo las reglas del juicio ordinario y con la intervención prioritaria del Ministerio Fiscal.
Según la información divulgada por el periódico digital OK Diario, el conflicto civil tiene su origen en las manifestaciones públicas vertidas por la dirigente política a comienzos de este año a través de plataformas digitales y entrevistas televisivas.
La defensa del artista sostiene que las declaraciones de Díaz en las redes sociales y en el espacio televisivo La Hora de la 1 atribuían implícitamente al intérprete comportamientos constitutivos de abusos laborales y agresiones sexuales, vulnerando su reputación sin respetar los deberes de imparcialidad e institucionalidad inherentes a su cargo público.
Por estos motivos, la acción judicial exige una indemnización económica fijada en 50.000 euros por daños morales, acompañada de una rectificación pública formal por parte de la representante institucional.
El avance de este procedimiento en la jurisdicción ordinaria se produce tras un recorrido procesal previo que incluyó un intento frustrado de acto de conciliación entre ambas partes y un recurso inicial elevado ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.
En dicha instancia, la alta magistratura dictó a finales de septiembre un auto de inadmisión por falta de competencia directa, redirigiendo las actuaciones hacia los tribunales ordinarios de la capital española al no concurrir las circunstancias específicas para el enjuiciamiento de aforados en materia civil.
La resolución judicial actual subraya que, al estar en juego la protección de derechos fundamentales garantizados por la Constitución, el proceso gozará de tramitación preferente en la agenda judicial.
Asimismo, la batalla legal entablada entre ambas figuras públicas se enmarca en un escenario de litigiosidad paralela derivado de las denuncias presentadas originalmente por dos excolaboradoras del artista.
Aunque las diligencias preliminares por presuntos delitos laborales y contra la libertad sexual fueron archivadas en un primer momento por la Fiscalía ante la falta de jurisdicción de los tribunales nacionales sobre hechos acaecidos fuera del territorio español, la causa ha reabierto sus vías de investigación mediante querellas presentadas ante la Audiencia Nacional.
Paralelamente, el equipo jurídico de Julio Iglesias ha promovido acciones penales por injurias y calumnias contra los responsables editoriales del medio de comunicación que difundió inicialmente los testimonios de las denunciantes.
Con información de OK Diario
