La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado la absolución de Begoña Gómez y de su asesora, Cristina Álvarez, al concluir que ninguna de las investigadas cometió "infracción penal" alguna ni obtuvo beneficio económico en su gestión al frente de la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid.
En su escrito de conclusiones provisionales ante el próximo juicio con jurado popular, el Ministerio Público sostiene de manera directa que "sin delito no hay autor", enfatizando que la esposa del presidente del Gobierno no recibió retribución alguna por sus labores académicas.
Según recoge
El documento presentado por la representación del Ministerio Público fundamenta la inocencia de ambas procesadas en la ausencia total de daño patrimonial hacia las arcas públicas o las institución académica involucrada.
El fiscal sostiene que la actividad desarrollada en la institución educativa entre los años 2020 y 2024 se desempeñó sin contraprestación financiera para la codirectora. "Percibió cero euros", remarca en el documento.
El análisis de la Fiscalía desglosa los principales argumentos jurídicos para sustentar su petición de absolución definitiva:
Inexistencia de beneficio o perjuicio: La Fiscalía remarca de forma explícita que Gómez "percibió cero euros" por su labor en la cátedra y que el software desarrollado no generó un enriquecimiento personal ni provocó menoscabo económico a la universidad pública.
Ausencia de presiones corporativas: El escrito jurídico señala que no consta ningún tipo de coacción o presión por parte de las acusadas hacia los representantes de las empresas privadas que participaron en el patrocinio de la iniciativa académica.
Desempeño de la asesora de Presidencia: Respecto a Cristina Álvarez, el documento certifica que ha ejercido sus funciones como personal eventual de forma real y efectiva desde 2018, concluyendo que la ayuda ocasional brindada a Gómez no ocasionó quebranto al patrimonio estatal.
Proposición de prueba para el juicio: El fiscal solicita que el interrogatorio de ambas investigadas se realice en último lugar durante las sesiones del juicio y plantea la citación de 30 testigos, entre los que figuran el rector de la universidad, Joaquín Goyache, y directivos de firmas tecnológicas como Google, Telefónica e Indra.
El proceso judicial para fijar la fecha de las vistas orales continúa su curso tras la apertura de juicio dictada por el juez Juan Carlos Peinado y el posterior aval de la Audiencia Provincial de Madrid, que redujo los cargos a un presunto delito de malversación, descartando el tráfico de influencias y la corrupción en los negocios.
Mientras la acusación popular encabezada por el colectivo Hazte Oír reclama penas de hasta 13 años de prisión para Gómez y seis para Álvarez, la Fiscalía insiste en que las investigaciones previas, apoyadas en informes de la Guardia Civil, no arrojaron indicios delictivos.
Con información de El Nacional.cat
