El juez Peinado envía a juicio con jurado a Begoña Gómez

En una resolución dictada previo a su retiro profesional, el magistrado Juan Carlos Peinado ha ordenado la apertura de juicio oral con jurado popular contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, e incluye en el proceso a su asesora Cristina Álvarez.

Según reporta EFE, la providencia de 67 páginas atribuye a la principal encausada presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, mientras que a la colaboradora institucional se le imputa el segundo cargo.

El fallo no impone medidas cautelares ni fianzas, pero instruye consultar las últimas cinco declaraciones de la renta de Gómez para determinar su solvencia.

Cargos, solicitudes de pena y perjuicio económico

La investigación penal, que se extendió por espacio de dos años y medio a raíz de una querella inicial del colectivo Manos Limpias, pasa ahora a la Audiencia Provincial de Madrid para la fijación de la fecha de las sesiones.

En este marco procesal, las acusaciones populares bajo la coordinación de la plataforma Hazte Oír solicitan una condena de 13 años de prisión para Begoña Gómez y de seis años para Cristina Álvarez.

Por el contrario, tanto la Fiscalía como las representaciones letradas de las imputadas demandan la plena absolución.

El expediente judicial aborda la gestión de la esposa del jefe del Ejecutivo como codirectora de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el desarrollo de un soporte informático en dicho espacio y la intervención de la funcionaria pagada con fondos públicos.

El juez Peinado acerca a Begoña Gómez al banquillo tras la vista previa

A este respecto, el instructor sostiene que ambas encausadas deberán responder como "responsables civiles directas y solidarias" ante el reclamo formulado por la entidad universitaria, la cual calcula un impacto económico de 113.509 euros.

Argumentación del instructor y señalamientos de la defensa

Dentro del escrito acusatorio, el magistrado argumenta que el desarrollo profesional de la investigada experimentó una variación tras la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia en 2018.

El juez señala que las actuaciones vinculadas a la cátedra pudieron obtenerse mediante el aprovechamiento de la posición institucional, citando testimonios sobre la creación de dicho programa académico.

Asimismo, el texto judicial sostiene la existencia de indicios de malversación al considerar que Begoña Gómez pudo apoderarse del programa informático gestado en la universidad y utilizar a la funcionaria asignada para labores ajenas a sus competencias.

Por otra parte, la resolución desestimó la solicitud formulada por la defensa de Cristina Álvarez para invalidar la audiencia preliminar previa.

El instructor fundamentó la negativa al considerar que la inasistencia de la investigada constituyó una decisión "voluntaria" que no vulneró sus garantías de defensa.

Ambas procesadas mantendrán la obligación de comparecer ante los tribunales y de notificar cualquier modificación de su residencia habitual.

Reacción del Ejecutivo ante la resolución judicial

Tras la difusión del auto de apertura de juicio, portavoces del Gobierno manifestaron su rechazo a la decisión emitida por el magistrado Peinado. 

Fuentes de la sede presidencial calificaron las actuaciones de "arbitrarias e injustas", encuadrándolas en una dinámica de persecución judicial orientada contra la esposa del mandatario.

Desde el entorno institucional remarcaron que el procedimiento ha demostrado la inocencia de la encausada, confianza que mantienen de cara a la evaluación del tribunal popular. El caso entra así en su fase decisiva a la espera de la calendarización del debate oral.

Con información de EFE