Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, ha reestructurado su equipo de representación jurídica tras prescindir de los servicios del letrado Antonio Camacho y contratar al abogado penalista Jaime Campaner.
La reorganización en su estrategia de defensa se produce de manera posterior a que la Audiencia Provincial de Madrid avalara sentar en el banquillo a la investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de fondos públicos en relación con la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid.
El nuevo representante legal de Gómez es especialista en derecho penal, derecho procesal y procedimientos con tribunal de jurado popular, según recoge La Sexta.
Dentro de su trayectoria profesional, Campaner ha asumido la defensa de figuras públicas y deportistas en causas de alto perfil mediático, además de representar a cargos políticos vinculados a diversas formaciones procesadas en tráficos de influencias y causas anticorrupción en el ámbito autonómico.
La incorporación de Campaner busca ajustar el enfoque normativo de la defensa frente a las imputaciones formalizadas por las acusaciones en el proceso penal.
El abogado ha participado previamente en instrucciones judiciales complejas ligadas a la gestión de entramados societarios y fiscalidad, logrando sobreseimientos y querellas en procedimientos incoados por presuntas irregularidades en la administración pública.
El relevo en la dirección letrada se formaliza en un momento clave de la instrucción, donde las partes procesales han fijado sus peticiones de pena y pretensiones de indemnización civil.
La estrategia de la nueva defensa deberá articular los recursos correspondientes ante las secciones penales competentes para rebatir los indicios acumulados en la causa instruida en los juzgados madrileños.
El escenario procesal al que se enfrenta la esposa del jefe del Ejecutivo incluye la petición formulada por la acusación popular promovida por la asociación Hazte Oír, la cual solicita penas que alcanzan los 13 años de prisión.
Por su parte, la representación jurídica de la Universidad Complutense de Madrid ha reclamado una responsabilidad civil subsidiaria por valor de 113.509 euros de forma conjunta a Gómez y a su asesora Cristina Álvarez, en caso de dictarse una sentencia condenatoria por el delito de malversación.
En contraposición a los planteamientos de las acusaciones, la Fiscalía ha solicitado la absolución libre de ambas procesadas al considerar que no existen elementos probatorios suficientes para acreditar la comisión de ilícitos penales en la gestión académica.
El tribunal encargado de la vista oral deberá fijar el calendario de sesiones para examinar el material probatorio y escuchar los testimonios de las partes implicadas.
Con información de La Sexta
