La acusación popular en la causa abierta contra Begoña Gómez ha presentado su escrito definitivo de conclusiones de cara al futuro juicio con jurado popular. En el documento formulado ante el juzgado de instrucción, la parte acusadora solicita una pena global de 13 años de cárcel para la esposa del presidente del Gobierno, al tiempo que reclama seis años de prisión para su asesora, Cristina Álvarez.
La petición se enmarca en la reordenación del proceso dictada por la Audiencia provincial, que circunscribió la causa a presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.
El escrito remitido al magistrado instructor rebaja las pretensiones iniciales que contemplaban solicitudes de penas superiores a los 20 años de privación de libertad.
En la nueva concreción de cargos, la acusación atribuye a Gómez dos años de cárcel por tráfico de influencias, tres años por un delito continuado de malversación de patrimonio público y otros ocho años por un segundo delito de malversación sin carácter continuado, junto a penas de inhabilitación absoluta y prohibición para contratar con el sector público.
Dentro del conjunto de diligencias solicitadas para la vista oral, la representación popular exige la citación de un centenar de personas en calidad de testigos. Entre las comparecencias requeridas destaca la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al considerar que su declaración resulta pertinente para esclarecer las relaciones institucionales y el rol del complejo de La Moncloa dentro del desarrollo de las actividades profesionales bajo investigación.
El texto fundamenta el presunto delito de malversación en la asignación de tareas privadas a la funcionaria Cristina Álvarez. La acusación sostiene que la empleada pública, cuya retribución procedía de fondos del Estado para la gestión de agenda institucional, dedicó de forma sistemática y continuada parte de su jornada laboral a dar soporte a la actividad docente, mercantil y societaria particular ejercida en el entorno académico de la universidad.
El segundo eje de la calificación por malversación se centra en el desarrollo de una herramienta informática o software concebida en el marco de una cátedra extraordinaria.
Según el escrito presentados por las partes, dicha plataforma tecnológica fue financiada mediante aportaciones de patrocinadores para el ámbito universitario, pero terminó siendo desviada supuestamente hacia la esfera privada mediante la inscripción de marcas, dominios y estructuras societarias particulares.
Las acusaciones señalan que la gestión de la plataforma implicó un exceso en las facultades de administración de los recursos académicos, derivando en la extracción del control público por parte del centro educativo.
Por estos hechos, el documento procesal sitúa a la asesora Cristina Álvarez como cooperadora necesaria de la maniobra, solicitando para ella la pena de seis años de prisión en el marco del juicio oral.
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha dicho que no le parece comprensible que en un caso "tan mediático" como el de Begoña Gómez sea un "tribunal" popular el que vaya a juzgarlo, aunque confía en que "la ciudadana declare su inocencia".
Por su parte, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha defendido de igual forma la inocencia de la esposa del presidente del Gobierno. Ha asegurado que la "cacería" que a su juicio hay contra Gómez "no da más de sí" y es algo que la ciudadanía puede observar.
Con información de EFE
