La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado la decisión del juez Juan Carlos Peinado de juzgar a Begoña Gómez mediante un jurado popular. No obstante, el tribunal ha reducido significativamente el número de delitos por los que la esposa del presidente del Gobierno se sentará en el banquillo de los acusados.
La Sala limitó el proceso penal a los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, descartando por completo las tipicidades de corrupción en los negocios y apropiación indebida. Asimismo, los magistrados dejaron sin efecto las medidas cautelares impuestas previamente, que incluían la retirada del pasaporte y la prohibición de salida del territorio español.
La resolución judicial también modifica la situación de los otros dos investigados en la causa. En el caso de la exasesora de Moncloa, Cristina Álvarez, el tribunal determinó que sea juzgada únicamente en calidad de cooperadora necesaria por un delito de malversación.
Esta acusación penal se vincula exclusivamente con el supuesto desvío de fondos públicos durante el desarrollo del software de la cátedra de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid. La Audiencia acordó archivar de manera definitiva el presunto delito de tráfico de influencias que pesaba sobre Álvarez al carecer de indicios de peso en su contra.
Por otra parte, el empresario Juan Carlos Barrabés quedó totalmente excluido de este procedimiento con jurado. La Sala consideró que no existen indicios suficientes que lo vinculen de forma directa con los delitos imputados. Por ello, determinó que la investigación sobre las adjudicaciones públicas de Red.es se derive a un proceso judicial independiente y separado para analizar su legalidad formal.
Los magistrados detallan en su auto que existen indicios verosímiles de que Gómez aprovechó su situación de cónyuge del presidente del Gobierno para obtener ventajas académicas. El tribunal argumenta que esta relación de parentesco pudo ejercer una presión moral eficiente sobre los cargos de la Universidad Complutense.
Esta influencia habría facilitado la creación inmediata de la cátedra de Transformación Social Competitiva y su posterior nombramiento como directora, omitiendo los controles institucionales habituales de la entidad educativa.
Para la Audiencia de Madrid, queda claro el beneficio de prestigio personal y reputacional obtenido por la investigada, lo que impulsó exponencialmente los ingresos de los másteres de la cátedra.
Además, la Sala apunta a la existencia de indicios de malversación debido al registro a nombre de su empresa privada, Transforma TSC, del dominio y la marca de la herramienta digital desarrollada con financiación y recursos públicos. El tribunal subraya que al asumir la dirección académica, Gómez adquirió responsabilidades directas sobre la protección de dichos activos públicos de la universidad.
Por último, la Audiencia Provincial desestimó los recursos que calificaban de arbitraria la instrucción del magistrado Peinado. La Sala concluyó que el auto de procesamiento expone de manera suficiente y motivada los hechos investigados, permitiendo a las defensas articular sus alegatos con plenas garantías procesales durante el próximo juicio oral.
Con información de La Razón
