Contar con una ocupación laboral ha dejado de ser una garantía suficiente para evitar la exclusión social en España. Según los datos del último informe elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES), aproximadamente 2,5 millones de personas con empleo perciben ingresos situados por debajo del umbral de la pobreza, lo que sitúa la tasa de pobreza laboral en el 11,6% de los ocupados. Esta cifra se incrementa de manera notable si se contemplan factores externos como el impacto residencial.
De acuerdo con la información aportada por Oxfam Intermón, al integrar el coste de la vivienda en el cálculo financiero, el porcentaje de trabajadores afectados asciende hasta el 15,5%, dejando a otras 770.000 personas en una situación de vulnerabilidad extrema.
Los expertos consultados apuntan a la intensidad del empleo y, de manera específica, a la escasez de horas trabajadas a lo largo del año como el principal detonante de esta brecha socioeconómica en el mercado de trabajo nacional.
La Encuesta de Población Activa (EPA) refleja que unos 3 millones de personas trabajan a tiempo parcial en el país, representando el 12,9% del total de ocupados, de los cuales más del 70% son mujeres.
Organizaciones sindicales como CC OO advierten sobre la falta de regulación estricta en la contratación parcial, una modalidad que en numerosas ocasiones encubre jornadas completas con retribuciones insuficientes o contempla horas complementarias mal remuneradas que precarizan el ingreso mensual de los hogares.
Por otro lado, el informe destaca que el colectivo de trabajadores autónomos afronta un escenario especialmente adverso. Uno de cada cinco autónomos (21,7%) percibe ingresos por debajo del umbral de pobreza, duplicando la tasa registrada entre los asalariados (10,3%).
Representantes sectoriales señalan las dificultades estructurales que soporta el trabajo por cuenta propia frente a un sistema de cotizaciones y gastos fijos poco flexible.
En el plano geográfico, la brecha productiva del país genera marcadas diferencias entre comunidades autónomas. Las tasas más elevadas de pobreza laboral se concentran en la Comunidad Valenciana (17,5%) y Andalucía (17,4%), registros que triplican los niveles observados en territorios como Navarra (5,3%), condicionados por la especialización industrial y el peso de los servicios de bajo valor añadido.
A escala comunitaria, España se mantiene como el tercer país de la Unión Europea con mayor porcentaje de trabajadores pobres, situándose notablemente por encima de la media de los Veintisiete.
Mientras las organizaciones sociales y sindicales urgen a revisar los mecanismos de protección y los incentivos al empleo estable, los analistas recuerdan que la persistencia de esta problemática durante este período económico exige reformas profundas en la estructura del mercado laboral y en las políticas de vivienda.
Con información de La Razón
