El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes 2 de noviembre la tramitación de un real decreto urgente de medidas económicas y asistenciales dirigidas a paliar las consecuencias sufridas por las víctimas y familiares del accidente ferroviario acontecido en Urda, que ha dejado al menos 69 personas fallecidas.
Durante su intervención en el foro internacional World in Progress celebrado en la ciudad de Barcelona, el jefe del Ejecutivo detalló que el paquete normativo se aprobará oficialmente en la reunión del Consejo de Ministros fijada para el martes 3 de noviembre.
La iniciativa busca ofrecer una respuesta inmediata a los damnificados por el grave siniestro ferroviario registrado en la provincia toledana. El esquema de ayuda diseñado por la administración pública articulará su acción sobre cuatro pilares fundamentales de intervención.
Entre las disposiciones financieras más relevantes, el texto legal establecerá prestaciones económicas directas cuya cuantía duplicará los fondos contemplados en el seguro obligatorio de viajeros.
Asimismo, el Gobierno implementará un mecanismo ágil de anticipo de indemnizaciones para que las personas perjudicadas no tengan que demorar la recepción de recursos esenciales durante el desarrollo del trámite pericial y judicial.
Junto a las compensaciones monetarias, el real decreto contemplará la creación de un procedimiento especial de incapacidad temporal orientado a garantizar una cobertura médica y económica reforzada a los heridos durante su proceso de rehabilitación.
De acuerdo con la información recogida por Huffpost, el plan incluye la apertura inminente de oficinas de atención integral especializada. Estos centros de asistencia se desplegarán en las distintas comunidades autónomas donde residen las familias afectadas para facilitar los trámites de gestión.
El modelo asistencial anunciado toma como referencia la estructura de respuesta desplegada con anterioridad ante otros siniestros ferroviarios de gran magnitud en el país, como el sucedido en Adamuz.
Desde la presidencia se ha enfatizado que el objetivo prioritario del Estado radica en volcar los recursos institucionales en el acompañamiento de las personas afectadas, combinando la atención médica de urgencia con la orientación legal necesaria para mitigar el impacto socioeconómico generado por el siniestro.
En el plano técnico y operativo, el presidente del Gobierno subrayó que la meta estratégica de su gabinete consiste en restituir la confianza social en el sistema nacional de alta velocidad de manera urgente.
“Recuperar la confianza quebrada en la alta velocidad cuanto antes y cueste lo que cueste”, afirmó.
Sánchez garantizó que las comisiones técnicas independientes y las autoridades judiciales que investigan las causas de la tragedia contarán con todos los medios materiales e informáticos requeridos para llevar a cabo una indagación rigurosa, exhaustiva y transparente sobre los fallos registrados en la vía.
Este plan de contingencia se pone en marcha en un período de máxima sensibilidad social y demandas de responsabilidad en la gestión del transporte de viajeros.
Mientras los peritos analizan los datos de las cajas negras en los juzgados correspondientes, el Ejecutivo confía en que las medidas paliativas aprobadas permitan ofrecer certidumbre a las víctimas mientras avanzan las pesquisas oficiales destinadas a esclarecer los hechos.
Con información de Huff Post
