El Ejecutivo central procederá a la declaración formal de zona catastrófica por una emergencia de protección civil para todos los municipios golpeados por el paso de la depresión aislada en niveles altos (dana) bautizada como Adam.
El anuncio fue realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un desplazamiento oficial a la localidad valenciana de Oliva, una de las demarcaciones más golpeadas por los desbordamientos de cauces e inundaciones registrados entre la noche del domingo y la jornada del lunes.
La medida administrativa, que se articulará de forma inminente en el Consejo de Ministros, permitirá la activación de partidas presupuestarias especiales y la simplificación de los trámites de contratación pública por la vía de urgencia para acometer la reconstrucción de infraestructuras dañadas.
El paso de la borrasca se ha cobrado la vida de seis personas en el conjunto del territorio nacional y ha concentrado sus mayores destrozos materiales en las comarcas valencianas de La Safor y la Marina Alta.
Durante su recorrido por el centro polideportivo de Oliva —instalación habilitada con urgencia para dar cobijo temporal a cerca de 400 personas desplazadas de sus viviendas—, el jefe del Ejecutivo abogó por articular un pacto de Estado frente a la emergencia climática que integre la variable de la prevención en las inversiones de ingeniería hidráulica para mitigar el impacto de fenómenos meteorológicos adversos de gran magnitud.
La visita oficial evidenció una dinámica de cooperación operativa entre las distintas administraciones públicas, contrastando con la gestión de anteriores episodios climáticos en la región.
El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, destacó el funcionamiento preventivo de los avisos y alertas tras la emisión previa de hasta cinco notificaciones masivas mediante el sistema ES-Alert desde la jornada del sábado.
"Esta vez se nos avisó con tiempo de la prevision meteorológica y pudimos dar una respuesta coordinada", ha afirmado Llorca.
Asimismo, la jefatura del Consell avanzó la celebración de un pleno autonómico de carácter extraordinario orientado a aprobar un paquete de subvenciones complementarias para damnificados, mientras que la Diputación de Valencia aprobó una inyección económica de urgencia de 750.000 euros destinada a los municipios de Oliva, Piles, Miramar, Bellreguard y Daimús.
A pesar de que las autoridades institucionales han declinado ofrecer de momento una estimación económica cerrada sobre el montante global de las pérdidas, los informes preliminares confirman daños de alcance multimillonario en edificaciones residenciales, garajes, locales comerciales, flota automovilística e infraestructuras de transporte.
El despliegue de ayuda técnica mantiene sobre el terreno a cientos de efectivos de los servicios de emergencias y de la Unidad Militar de Emergencias (UME), focalizando las labores prioritarias en el achique de agua, la restitución de servicios básicos y la evaluación técnica de los destrozos patrimoniales sufridos por la población.
Con información de El Confidencial
