
Bruselas expedienta a España por incumplir las reglas europeas contra la malversación

El incumplimiento de las normativas comunitarias sobre protección financiera vuelve a situar a España bajo el escrutinio de Bruselas. La Comisión Europea ha abierto un expediente contra el país por no incorporar plenamente a su legislación interna la directiva destinada a combatir el fraude que perjudica los intereses financieros de la Unión Europea (UE).
De acuerdo con el comunicado oficial difundido por el Ejecutivo comunitario, la actuación pretende «garantizar que todos los países miembros dispongan de herramientas legales homogéneas y eficaces para proteger los recursos públicos» de la UE.
El núcleo del reproche reside en el régimen sancionador español. Según el diagnóstico de la Comisión, el Código Penal fija topes máximos de prisión para los delitos de malversación de fondos europeos que quedan por debajo de los estándares exigidos por la regulación comunitaria.
Por ello, los servicios europeos advierten de que la normativa nacional «no cubre de forma adecuada estos delitos, lo que debilita el marco de protección presupuestaria» y deja margen a vulnerabilidades en la gestión de recursos compartidos.
Plazos del expediente y posible vía ante el TJUE
El procedimiento se ha puesto en marcha mediante el envío de una carta de emplazamiento a las autoridades españolas, que cuentan ahora con un plazo de dos meses para presentar alegaciones y subsanar las deficiencias detectadas.
Una vez agotado ese margen temporal, la Comisión Europea valorará si las respuestas y ajustes de España resultan suficientes o si procede dar el siguiente paso administrativo.
Si el desacuerdo persiste tras esa evaluación, el organismo comunitario emitirá un dictamen motivado como fase previa a una eventual actuación ante los tribunales.
En última instancia, si España no corrige la situación, la Comisión puede llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), un escenario que abre la puerta a imponer multas o sanciones económicas directas al Estado miembro por el incumplimiento sostenido del derecho de la Unión.
Alcance de la directiva y antecedentes del retraso
Más allá del caso puntual, las autoridades europeas consideran esta directiva una pieza clave en la arquitectura común contra el fraude. Su propósito es homogeneizar entre los Estados miembros las definiciones penales, los castigos previstos y las reglas de competencia judicial, reforzando al mismo tiempo la capacidad operativa de la Fiscalía Europea (EPPO) y evitando vacíos legales que comprometan los fondos comunes.
Este nuevo procedimiento de infracción enlaza con un historial prolongado de retrasos en la transposición, ya que el plazo límite acordado por los socios comunitarios expiró en julio de 2019 sin que la adaptación se completara a tiempo.
A raíz de aquella demora, Bruselas ya había remitido en diciembre de 2021 una primera carta de emplazamiento enfocada en aspectos pendientes de adecuación, entre ellos los relativos a las definiciones de corrupción.
Con información de 20minutos


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