La representación legal de Begoña Gómez ha presentado formalmente su escrito de defensa ante el tribunal que juzgará su causa, solicitando la libre absolución de todos los cargos imputados.
En el documento, que recoge El Mundo, la esposa del presidente del Gobierno niega de forma categórica la comisión de los delitos de tráfico de influencias y malversación de fondos públicos, asegurando que nunca se aprovechó de su vínculo matrimonial ni buscó un beneficio económico personal mediante su actividad profesional o académica.
La causa, que se resolverá mediante un juicio con jurado popular, examina la creación de una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid, la gestión de una herramienta informática vinculada a la misma y la colaboración prestada por una asesora de la residencia oficial.
En el texto remitido al juzgado, la defensa argumenta que Gómez no ejerció ningún tipo de presión moral ni influencia sobre los responsables académicos para conseguir la dirección del proyecto universitario.
Asimismo, subraya que desempeñó dicho cargo de forma completamente gratuita durante cuatro años, por lo que descarta la existencia de cualquier tipo de ganancia patrimonial o retribución económica a su favor.
Respecto al desarrollo de la plataforma tecnológica, la representación procesal sostiene que el programa siempre se concibió como propiedad exclusiva del centro universitario y que no fue destinado a fines privados.
Según recoge el escrito, la financiación del software corrió a cargo de las entidades colaboradoras de la cátedra, de modo que la institución académica no sufrió ningún perjuicio en sus cuentas públicas.
Sobre la intervención de la asistente asignada en la Moncloa, Cristina Álvarez, el escrito argumenta que sus labores operativas abarcan tradicionalmente el apoyo a la cónyuge del presidente en facetas institucionales, familiares y profesionales.
La defensa remarca que la auxiliar no desatendió sus obligaciones públicas al colaborar en la gestión de asuntos relacionados con la cátedra y alude a precedentes en el uso de personal de apoyo por parte de anteriores parejas de mandatarios.
Frente a las peticiones de la acusación popular, que solicita un total de 13 años de prisión por los delitos investigados, la representación de Gómez pide el sobreseimiento libre del caso y reclama la imposición de las costas procesales a la acusación al considerar que su actuación en el procedimiento judicial ha sido temeraria.
Con información de El Mundo
