La Fiscalía Europea (EPPO) ha abierto de oficio una investigación para esclarecer un presunto fraude en el uso de fondos comunitarios destinados a las obras de mantenimiento y renovación de la línea de Alta Velocidad (AVE) en España.
Según ha confirmado la propia institución en un comunicado, las diligencias se inician algo más de una semana después del trágico accidente ferroviario ocurrido en la localidad de Urda (Toledo), que se cobró la vida de 69 personas tras el descarrilamiento registrado en la línea que conecta Madrid con Sevilla.
Esta intervención constituye la segunda causa de estas características puesta en marcha por el organismo europeo en suelo español, sumándose a las actuaciones iniciadas el pasado mes de marzo tras el siniestro de Adamuz, en el que fallecieron 46 pasajeros.
Para el avance de las pesquisas, la Fiscalía cuenta con el auxilio operativo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, habiendo requerido ya documentación oficial al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y al Tribunal de Cuentas de España.
El núcleo de las indagaciones internacionales se centra en comprobar si se produjo un empleo irregular de los 111,6 millones de euros concedidos a España por la Comisión Europea en junio de 2024.
Estos recursos, procedentes de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER), estaban consignados específicamente a la renovación integral, modernización de sistemas de seguridad, señalización y sustitución de elementos clave como raíles y traviesas en el trazado entre Madrid y Sevilla, considerado el corredor de alta velocidad más antiguo del país.
Para fiscalizar la correcta aplicación de estas partidas, los fiscales comunitarios han solicitado de manera formal la entrega de la totalidad de los contratos administrativos y expedientes de ejecución de obra correspondientes a los tramos específicos donde tuvieron lugar ambos descarrilamientos.
Desde el organismo han precisado que la confirmación pública de estas actuaciones responde al elevado interés social generado por los acontecimientos, manteniendo por el momento el secretismo sobre el resto del procedimiento.
El procedimiento iniciado por las autoridades comunitarias discurre de manera independiente y paralela a los procesos judiciales abiertos en los juzgados de Orgaz (Toledo) y Montoro (Córdoba).
Mientras los magistrados instructores españoles centran sus investigaciones en determinar las causas técnicas del fallo mecánico y delimitar posibles responsabilidades penales por homicidio imprudente, la Fiscalía Europea circunscribe sus actuaciones en exclusiva a la persecución de delitos financieros contra los intereses económicos de la Unión Europea.
En el marco de la arquitectura judicial designada para estas causas de trascendencia internacional, la Audiencia Nacional nombró al juez José Luis Calama como magistrado de garantías para supervisar el procedimiento derivado del accidente de Adamuz.
De forma análoga, un segundo magistrado asumirá la labor de control de garantías en las diligencias recientemente abiertas por el siniestro de Urda, a la espera de que los análisis periciales y de la UCO arrojen luz sobre la gestión de las contratas de mantenimiento ferroviario.
Con información de 20minutos
