El juez autoriza rastrear las cuentas de Zapatero, sus hijas y su socio

El magistrado José Luis Calama autorizó a la UDEF a rastrear cerca de 60 cuentas bancarias pertenecientes a José Luis Rodríguez Zapatero, sus hijas y su entorno. La investigación judicial analiza presuntos pagos vinculados a la causa del rescate de Plus Ultra
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Investigan cuentas de Zapatero y sus hijas por el caso Plus Ultra|Foto: EFE
Investigan cuentas de Zapatero y sus hijas por el caso Plus Ultra|Foto: EFE

El magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha autorizado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional a investigar cerca de 60 cuentas bancarias pertenecientes al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, a sus hijas Alba y Laura, a su secretaria Gertrudis Alcázar y a su socio Julio Martínez.

La resolución judicial ordena recabar el histórico de movimientos financieros realizados desde el 1 de enero de 2020 en más de 10 entidades bancarias, con la finalidad de contrastar los flujos dinerarios con las operaciones sospechosas detectadas por los investigadores en la instrucción del caso Plus Ultra.

Las pesquisas desarrolladas por la unidad policial especializada analizan transferencias de cientos de miles de euros dirigidas presuntamente al entorno del exmandatario.

Los investigadores sostienen la hipótesis de que las transferencias libradas por los clientes de la red mercantil investigada habrían llegado de forma directa al expresidente socialista y a la mercantil Whathefav, propiedad de sus hijas, o bien habrían sido canalizadas a través del entramado de sociedades bajo la gestión de su socio Julio Martínez Martínez, quien figura en las actuaciones como el gestor operativo de la estructura societaria.

Sociedades bajo sospecha y el papel de la representación empresarial

El auto dictado por el titular del Juzgado Central de Instrucción detalla que los indicios acumulados en la causa sitúan al expresidente como el beneficiario principal de la operativa económica, mientras que su socio habría actuado como interlocutor directo frente a las firmas vinculadas.

Entre las mercantiles sometidas al escrutinio de la UDEF figuran Caletón Consultores, Summer Wind, Zenzap, Inteligencia Prospectiva y Análisis Relevante, firmas cuyos movimientos contables no coincidirían plenamente con los ingresos declarados ante la administración tributaria durante los ejercicios analizados.

La Audiencia cita a la cúpula de Plus Ultra por ZapateroLa cúpula de Plus Ultra declarará en septiembre sobre Zapatero

Asimismo, los agentes de la Policía Nacional examinan las transacciones registradas por la compañía ASP Rentas, la cual movilizó cerca de dos millones de euros en entradas y salidas de capitales entre los años 2020 y 2025.

Los análisis preliminares de la fiscalía y los peritos contables señalan que dicho volumen monetario no guarda proporcionalidad con la actividad comercial declarada por la mercantil, lo que ha motivado la ampliación de los requerimientos de información a los organismos de supervisión financiera y bancaria.

Inspección patrimonial a la secretaría del expresidente y piezas separadas

En el marco de la investigación sobre la estructura de apoyo del expresidente, la UDEF ha puesto el foco en el patrimonio personal de su secretaria, Gertrudis Alcázar, al considerarla una pieza relevante por su gestión directa en la agenda, las comunicaciones y el intercambio de documentación.

La policía judicial detectó la adquisición de un inmueble en la localidad madrileña de Velilla de San Antonio por un importe de 132.055 euros, abonado entre 2021 y 2023 sin recurrir a financiación hipotecaria. Aunque los agentes no han determinado el origen de esos fondos, ven necesario indagar las cuentas para descartar vínculos con la trama.

Para garantizar la protección de datos no pertinentes, el juez Calama ordenó la apertura de una pieza separada donde se depositará la documentación bancaria remitida por los bancos.

La causa principal del caso Plus Ultra busca esclarecer si la concesión de la ayuda pública por valor de 53 millones de euros a la aerolínea durante la pandemia respondió a un delito de tráfico de influencias.

Con información de Antena 3

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