El entorno judicial y político en España registra una acumulación de procedimientos que afectan directamente al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. La Audiencia Nacional ha formalizado una investigación penal en su contra por presunto tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental en relación con las ayudas públicas concedidas a la aerolínea Plus Ultra.
A este sumario se añaden las declaraciones del comisionista Víctor de Aldama sobre el uso de redes de comunicación encubiertas y la revelación exclusiva de OK Diario sobre el sueldo público que percibe su principal gestor en Venezuela.
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional, el magistrado José Luis Calama, ha citado a declarar a Rodríguez Zapatero para el próximo 2 de junio.
La hipótesis del tribunal apunta a la existencia de una red organizada que presuntamente utilizaba la influencia sobre altos cargos de la Administración para favorecer a intereses privados en el rescate financiero de 53 millones de euros otorgado a Plus Ultra en 2021.
Este procedimiento cuenta con una vertiente de cooperación internacional. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) confirmó a través de un comunicado emitido a CNN su colaboración con la Policía Nacional española en una investigación contra José Luis Rodríguez Zapatero.
Ante la gravedad de los cargos, Rodríguez Zapatero difundió un vídeo donde niega cualquier gestión ilícita ante las administraciones públicas y afirma el pleno respeto de su actividad a la legalidad vigente.
De forma simultánea, el expresidente ha sido señalado en otra pieza judicial vinculada a la compra de material sanitario durante la pandemia.
En su declaración ante el juez Ismael Moreno, el comisionista Víctor de Aldama afirmó que Rodríguez Zapatero utilizaba terminales telefónicos desechables de seguridad, idénticos a los empleados por miembros del Ministerio de Transportes para evitar la fiscalización de sus llamadas operativas, según recoge EFE.
Los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil vinculan el uso de estos dispositivos con expresiones en clave como "tomar café", una referencia que también aparece en las comunicaciones intervenidas por las autoridades estadounidenses en la causa de Plus Ultra.
Pese a estas menciones, Aldama eximió a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de la petición de contraprestaciones en los contratos de Baleares, distanciando su actuación de la gestión de compras realizada en Canarias.
La apertura de este proceso penal representa la primera ocasión en el período democrático español en la que un expresidente del Gobierno es imputado formalmente por la justicia ordinaria.
La situación ha generado reacciones inmediatas en el ámbito parlamentario, donde portavoces del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) han manifestado un respaldo explícito a la presunción de inocencia del exdirigente mientras avanzan las diligencias de los magistrados instructores.
A la presión en los tribunales se suma la confirmación oficial del Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado, obtenida por el diario OK Diario, que acredita que José Miguel Vidal Zapatero, primo hermano del expresidente y encargado de gestionar su actividad en Venezuela, percibe un salario público de Moncloa superior a los 70.000 euros anuales desde el año 2018.
La documentación oficial, según relata el mencionado medio, detalla que Vidal Zapatero ocupa un puesto de nivel 30 dentro del personal eventual de gabinete asignado a los expresidentes, un cargo de libre designación cuyas retribuciones acumuladas representan un desembolso mínimo de 490.000 euros de fondos públicos durante los últimos siete años.
Esta vinculación contractual directa con la Presidencia del Gobierno dificulta la estrategia del Ejecutivo de distanciarse de las funciones de mediación que el exmandatario desarrolla de manera habitual en el territorio hispanoamericano.
Con información de EFE
