La Audiencia Nacional ha emitido un auto mediante el cual valida la continuidad de las pesquisas abiertas al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, permitiendo que el procedimiento judicial integre el análisis de un presunto cobro de 200.000 euros percibido del conglomerado empresarial peruano Gloria.
Según recoge el Diari de Tarragona, los fondos habrían sido entregados a cambio de una supuesta labor de intermediación ante altos cargos de Bolivia para destrabar una indemnización económica que se encontraba pendiente de liquidación.
La resolución ha sido dictada por la Sección Tercera de lo Penal, órgano judicial que ha optado por desestimar los argumentos presentados por la defensa legal del exlíder socialista.
Los representantes del exmandatario habían interpuesto un recurso formal con la pretensión de apartar de las diligencias un informe policial específico que señalaba directamente la recepción de dicha contraprestación económica en el marco de las actividades bajo sospecha.
El origen de esta ramificación procesal se remonta al pasado mes de junio, fecha en la que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional elaboró un documento en el que situaba al exdirigente político en el centro de una presunta dinámica orientada a influir de manera directa ante la Administración Pública boliviana para favorecer los intereses comerciales del grupo Gloria en varios litigios de índole millonaria.
Ante este señalamiento policial, los letrados defensores argumentaron ante el tribunal que la inclusión de estos datos vulneraba las garantías procesales al proceder, a su juicio, de una investigación general y no autorizada expresamente, tildando las pesquisas de una indagación prospectiva sobre la trayectoria profesional privada del investigado.
Sin embargo, los magistrados de la Audiencia Nacional desestimaron frontalmente estas objeciones al comprobar que los indicios emergieron de manera sobrevenida tras el análisis de los soportes informáticos intervenidos durante el registro practicado en la oficina de Zapatero en el mes de mayo.
La sala judicial ha fundamentado su negativa a excluir estas pesquisas de la causa recordando que las indagaciones no se limitan de forma exclusiva al examen de los fondos transferidos por la mercantil peruana Focus, sino que entroncan con un entramado corporativo más amplio.
En este sentido, la resolución judicial subraya que la instrucción principal ya persigue el esclarecimiento de un presunto delito de tráfico de influencias vinculado a la concesión de una ayuda pública estatal de 53 millones de euros destinada a la aerolínea Plus Ultra, evaluando asimismo las maniobras de ocultación y el enmascaramiento de los rendimientos económicos mediante complejas estructuras societarias preexistentes.
Del mismo modo, las investigaciones policiales y judiciales han puesto el foco en una supuesta estrategia de expansión internacional orientada hacia Dubái, la cual contemplaba un plan de negocio enfocado en corporaciones de los Emiratos Árabes Unidos y de diversos países latinoamericanos con una previsión de beneficios estimados en unos tres millones de dólares a lo largo de un lustro.
A estos elementos se suman los hallazgos extraídos de los dispositivos electrónicos incautados a la secretaria del expresidente, Gertrudis Alcázar —quien también se encuentra formalmente investigada—, de los cuales los agentes de la UDEF extrajeron comunicaciones relevantes sobre el trasvase de flujos monetarios.
Para avalar la continuidad de las diligencias, la Sala ha respaldado plenamente el posicionamiento manifestado por la Fiscalía Anticorrupción, la cual defendió que la recepción de los pagos procedentes de la sociedad Focus no constituye un elemento aislado ni ajeno al radio de acción delictivo que concentra la causa.
El ministerio público argumentó que dichos movimientos financieros evidencian un patrón sistemático de presunto tráfico de influencias que complementa los hechos ya investigados.
"Existe así una incuestionable conexidad tanto sustantiva como procesal", según la Fiscalía, en relación a "la presunta influencia" de Zapatero "para lograr la ayuda pública recibida por Plus Ultra", a la que "se suma la presunta influencia del mismo para lograr una 'oportuna' resolución de las autoridades de Bolivia", como explica el informe policial.
Con este respaldo judicial, la Audiencia Nacional mantiene integradas ambas líneas de investigación dentro de la misma causa para esclarecer el alcance de estas presuntas operaciones.
Con información de Diari de Tarragona
