Las principales centrales sindicales del país, encabezadas por CCOO y UGT, junto con diversos colectivos sociales en defensa de la vivienda, han convocado una huelga general para este 11 de noviembre.
La jornada de paros y movilizaciones de 24 horas, dirigida tanto a empleados del sector público como privado y abierta a la participación de autónomos, busca presionar al Gobierno y a las empresas para frenar el encarecimiento generalizado de la vida, según detalla la información recogida por el diario El Confidencial.
Bajo el lema «Salarios, vivienda, precios», la convocatoria cuenta ya con más de 3.600 adhesiones de comités de empresa y secciones sindicales en todo el país.
No obstante, la movilización no cuenta con el respaldo unánime de todo el arco sindical, ya que organizaciones como USO y CSIF han optado por no secundar el paro oficial, si bien todas las centrales coinciden en alertar sobre la severa pérdida de poder adquisitivo que sufre la clase trabajadora.
Uno de los ejes vertebradores de la huelga proviene del movimiento en defensa de los inquilinos, que exige soluciones urgentes ante la crisis inmobiliaria.
Los organizadores reclaman establecer límites más estrictos a las subidas de las rentas para evitar expulsiones de los arrendatarios del mercado libre, prohibir la adquisición de viviendas residenciales por parte de fondos de inversión y reforzar de manera drástica las garantías legales frente a los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional.
Asimismo, las plataformas sociales y sindicales demandan la implantación formal de contratos de alquiler de carácter indefinido, permitiendo la estabilidad de los residentes mientras cumplan con sus obligaciones contractuales y acepten únicamente actualizaciones moderadas.
Los sindicatos señalan que el coste residencial se ha consolidado como la principal carga económica de los hogares, afectando severamente a los jóvenes y a las rentas más bajas.
En el ámbito estrictamente laboral, CCOO y UGT han puesto sobre la mesa una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 7% para el próximo año 2027. Esta propuesta pretende elevar la retribución base desde los actuales 1.221 euros hasta los 1.306 euros mensuales repartidos en 14 pagas —equivalentes a más de 1.500 euros en 12 pagas—, una cifra que deberá negociarse formalmente con el Ejecutivo y la patronal, mientras que formaciones como la CGT elevan su exigencia hasta los 1.500 euros mensuales.
Junto al incremento del suelo salarial, los convocantes exigen un incremento generalizado de las nóminas vinculado a la inflación mediante cláusulas de revisión en los convenios colectivos.
El objetivo es que los beneficios empresariales acumulados se trasladen a los trabajadores para compensar la carestía de los productos básicos y servicios esenciales.
Las demandas se completan con exigencias históricas como la reducción efectiva de la jornada laboral, la mejora integral de la salud y prevención de riesgos en el trabajo, y el fortalecimiento de los servicios públicos esenciales, tales como la sanidad, la educación y el sistema de atención a la dependencia.
La jornada de protesta se traducirá en concentraciones y paros en los centros de trabajo desde la madrugada, culminando con grandes marchas vespertinas en las principales capitales.
En Madrid, la manifestación central partirá a las 18:00 horas desde Atocha, mientras que en Barcelona la marcha se iniciará a las 17:30 horas desde los Jardinets de Gràcia. El impacto final de la huelga estará condicionado por el seguimiento en sectores estratégicos como el transporte, la industria y los servicios públicos con servicios mínimos decretados.
Con información de El Confidencial
