Una exhaustiva investigación llevada a cabo por la Fundación Maldita.es ha sacado a la luz una alarmante situación de desprotección en la plataforma TikTok. Tras la indagación, la fundación española ha detectado más de un 1.000 vídeos de abuso sexual infantil —superando los 48 millones de visualizaciones— y ha localizado a más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos dedicados a la comercialización e intercambio de este material ilícito, con más de 7.000 cuentas operando directamente en castellano.
El estudio advierte sobre la supuesta «inacción» del gigante tecnológico ante contenidos de máxima gravedad. Tras un minucioso seguimiento de 35 días basado en técnicas de investigación en fuentes abiertas y análisis de algoritmos, los especialistas comprobaron que la combinación del buscador interno y las recomendaciones automáticas facilita el acceso a estas redes delictivas.
Entre los hallazgos más crudos, documentaron transmisiones en directo de menores e identificaron un entramado que lucra con la explotación de la infancia a escala global.
El informe de la Fundación Maldita.es detalla la localización de 780 cuentas destinadas a captar compradores de material de abuso sexual infantil, junto con 91 emisiones en directo protagonizadas por menores en 17 países distintos.
En estas transmisiones, los espectadores solicitaban la realización de actos de carácter sexual a cambio de incentivos económicos, operando en ocasiones desde entornos cotidianos como centros educativos, baños o aulas durante los períodos lectivos.
Asimismo, la investigación destapó la existencia de una comunidad compuesta por más de 2.000 miembros centrada en la búsqueda de contenido de bebés.
Según las evidencias recabadas, algunos de los investigados reconocieron disponer y comercializar material audiovisual de sus propios hijos o familiares menores de edad, mientras que la plataforma continuaba publicitando los directos y monetizando las interacciones económicas de los usuarios implicados.
Ante la gravedad de las evidencias, los investigadores procedieron a denunciar formalmente una muestra de 50 vídeos explícitos que acumulaban millones de visitas.
Sin embargo, los resultados evidenciaron una respuesta deficiente por parte de la empresa: apenas un 10% de los archivos fueron eliminados, un 26% sufrieron bloqueos limitados geográficamente a España, y el 40% de las cuentas infractoras permanecieron intactas y operativas 72 horas después de la alerta.
Esta escasa capacidad de reacción sitúa a la red social bajo sospecha respecto al cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea.
La normativa comunitaria exige a las grandes plataformas tecnológicas actuar con absoluta celeridad ante ilícitos de esta naturaleza, por lo que la Fundación concluye que los datos reflejan un «fracaso sistémico» en los protocolos de protección y seguridad de menores.
Con información de EFE
