La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha presentado formalmente una querella contra el comisionista Víctor de Aldama por un presunto delito de injurias graves con publicidad.
A través del despacho legal del exjuez Baltasar Garzón, la mandataria venezolana ha negado «de forma rotunda» las afirmaciones vertidas por el empresario, quien la señaló públicamente como la persona que presuntamente le entregó un sobre con información vinculada a una supuesta financiación irregular del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
El escrito judicial sostiene que Aldama atribuyó a Rodríguez hechos «absolutamente falsos» difundidos a través de los medios de comunicación con «conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad».
Los servicios jurídicos recuerdan que esta tipificación delictiva puede acarrear sanciones de multa económica de entre seis y 14 meses, solicitando además al juzgado instructor que recabe las grabaciones íntegras de las entrevistas ofrecidas por el comisionista en cadenas de televisión a principios de febrero.
Por su parte, el comisionista implicado en el 'caso Koldo' había defendido en diversas comparecencias televisivas que Rodríguez le facilitó en mano un sobre protegido con el logotipo de la petrolera estatal venezolana PDVSA.
Según su testimonio, los datos albergados en el interior contenían referencias sobre una presunta trama de financiación irregular que afectaría tanto al PSOE como a la organización de la Internacional Socialista, aportando el material en el marco de las causas abiertas en la Audiencia Nacional.
La controversia judicial también gira en torno a los elementos aportados en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el fraude de hidrocarburos.
Dicha documentación incorporaba la imagen de un archivo físico en el que figuraba como remitente el expresidente de PDVSA Manuel Quevedo y como destinataria la propia Delcy Rodríguez, un indicio que los letrados de la mandataria desvinculan por completo de su persona al recalcar que no existe ninguna constancia probatoria de que ella efectuara la entrega material al empresario.
La representación letrada de la presidenta encargada insiste en que su representada «nunca ha tenido conocimiento de la existencia de dicho sobre ni de su contenido», lamentando que las declaraciones públicas del comisionista hayan intentado proyectar sobre ella una supuesta participación en actividades delictivas ajenas a su estatus procesal, dado que no figura como imputada en los sumarios.
Con la presentación de esta acción penal, la defensa busca que el juzgado cite a declarar a Víctor de Aldama para que aclare las circunstancias de sus acusaciones públicas y se restituya la honorabilidad de la dirigente frente a unas declaraciones que califican de temerarias y carentes de fundamento probatorio verificable.
Con información de Antena 3
