El Ayuntamiento de Lleida aprobó una ordenanza municipal que sanciona con hasta 750 euros el uso de prendas que "oculten totalmente el rostro" en espacios públicos, con el apoyo de PSC, Junts y Vox frente a la oposición del resto de grupos
Sánchez defiende su plan de vivienda ante presiones del socio y protestas
Pedro Sánchez apuesta por priorizar el uso residencial frente al turístico, mientras el Gobierno ultima un decreto de 10 medidas bajo la presión de Sumar y la acampada de inquilinos en Madrid
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió este lunes limitar los pisos turísticos y bajar los alquileres para garantizar el acceso a la vivienda, en vísperas de que el Consejo de Ministros intente aprobar un decreto urgente de 10 medidas que frene los desahucios e imponga IVA a los inmuebles vacacionales.
Sin embargo, la iniciativa enfrenta la oposición de su socio de coalición, Sumar, mientras se cumple otra jornada consecutiva de acampada en la Puerta del Sol de Madrid, donde cientos de personas protestan por el desahucio de Maricarmen —una anciana de 87 años expulsada de su piso tras siete décadas de alquiler— y exigen contratos de arrendamiento indefinidos.
Posición del Ejecutivo y apelación a las comunidades autónomas
El debate en torno a la accesibilidad residencial y la regulación del mercado inmobiliario concentró este lunes 28 de septiembre la atención política e institucional del país.
Durante la presentación del informe Vidas Futuras en el Disseny Hub Barcelona, según recoge EFE, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió la necesidad de centrar los esfuerzos públicos en garantizar el acceso a la vivienda, «privilegiar» su uso residencial sobre el turístico e incrementar la oferta de alquiler asequible en el país.
Sánchez sostuvo que la legislación actual ofrece instrumentos legales que pueden ser utilizados por las distintas administraciones regionales para frenar distorsiones en los precios, instando a las comunidades autónomas a activar dichas herramientas normativas.
El jefe del Ejecutivo recalcó la urgencia de estructurar políticas públicas destinadas a evitar que las tendencias demográficas y de mercado impidan la emancipación de la población joven.
Asimismo, el mandatario comparó las reformas sociales en curso con avances históricos que, tras generar controversia inicial, terminaron consolidados en el marco normativo.
Negociaciones del real decreto ley y batería de 10 medidas
De forma paralela, el Ministerio de Vivienda avanza en las negociaciones parlamentarias para la tramitación de un real decreto ley compuesto por 10 medidas de urgencia, según detalló EFE.
La propuesta contempla la protección reforzada frente a los desahucios, restricciones a la adquisición de inmuebles por parte de fondos de inversión, incentivos fiscales para arrendadores que reduzcan las rentas, tributación vía IVA para pisos turísticos y bonificaciones directas a inquilinos.
Pese a la intención del Ejecutivo de someter el texto a aprobación institucional, la coalición gubernamental afronta divergencias internas. Representantes de Sumar advirtieron que la consecución de un acuerdo formal permanece distante y señalaron que no respaldarán un texto que consideren insuficiente ante las demandas del sector.
Acampada y exigencias del movimiento social en Madrid
El trasfondo político coincide con la evolución de las protestas en la capital española. En otra jornada consecutiva tras iniciarse la noche del sábado, centenares de manifestantes mantuvieron este domingo una acampada en la Puerta del Sol de Madrid, de acuerdo con informaciones de EFE.
La movilización, surgida tras el desahucio de una ciudadana de 87 años en el distrito de Retiro, fue impulsada por organizaciones sociales que reclaman la aprobación de contratos de alquiler de carácter indefinido.
Portavoces del Sindicato de Inquilinas de Madrid manifestaron que la permanencia en el espacio público continuará si la normativa aprobada por el Consejo de Ministros excluye cláusulas de protección permanente para los arrendatarios.
La confluencia entre las movilizaciones de calle, las exigencias de los socios parlamentarios y la postura de la Presidencia del Gobierno configura un escenario determinante para definir el futuro de la política de vivienda en España.
Con información de EFE
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