El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha formalizado un recurso de alzada contra la resolución del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que acordó el archivo de las diligencias informativas abiertas a raíz de las denuncias presentadas contra el magistrado Juan Carlos Peinado, instructor de la causa que afecta a Begoña Gómez.
Según detalla el diario
La iniciativa constituye el paso previo indispensable para la posterior interposición de un recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
En el escrito elevado al órgano constitucional, la representación del ministro argumenta que la institución ha omitido el ejercicio de sus competencias de control disciplinario sobre las actuaciones del instructor, atribuyendo la posición del órgano colegiado a criterios de carácter "corporativo y conservador" dentro de la estructura judicial.
El conflicto administrativo se remonta a junio de 2025, fecha en la que el titular de Justicia formalizó la primera queja formal ante el órgano regulador de la judicatura.
La reclamación inicial se fundamentó en el desarrollo de la declaración testifical prestada por el ministro en el Palacio de la Moncloa en el marco de las diligencias instruidas por el juzgado.
Con posterioridad, el magistrado elevó una exposición razonada al Tribunal Supremo al objeto de evaluar la situación procesal del representante gubernamental dada su condición de aforado.
En julio de 2025, la representación del ministerio registró una segunda iniciativa ante el CGPJ para solicitar que se examinase si la elevación del suplicatorio guardaba relación con la queja previa.
El procedimiento acumuló otras dos ampliaciones formuladas por la representación gubernamental hasta que el promotor de la Acción Disciplinaria determinó el cierre y archivo de las actuaciones informativas en mayo de 2026, resolución que ahora es objeto de impugnación formal.
El argumento central del CGPJ para desestimar las quejas previas se basó en que las peticiones del ministerio pretendían la revisión de actuaciones amparadas por la potestad jurisdiccional del instructor, ámbito reservado de forma exclusiva a los jueces y tribunales sobre el que el consejo carece de competencias de supervisión.
Sin embargo, el recurso redactado por la representación del ministro rechaza esta interpretación al sostener que en ningún momento se solicitó la corrección o modificación de resoluciones judiciales dictadas en el procedimiento.
Por el contrario, el texto remitido al órgano de gobierno argumenta que el CGPJ ha realizado una interpretación excesivamente amplia del concepto de función jurisdiccional, delimitando de forma indebida su capacidad de actuación disciplinaria.
El escrito detalla una serie de conductas atribuidas al juez instructor durante los interrogatorios y en el contenido de diversas resoluciones, calificándolas de improcedentes e innecesarias para el objeto de la investigación.
Asimismo, el documento censura la falta de actuaciones investigadoras por parte del organismo en relación con las filtraciones registradas a lo largo de la instrucción judicial.
Con información de 20minutos
