La estrategia de defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha sufrido un nuevo revés judicial tras revelarse las conclusiones de un informe pericial sobre el valioso conjunto de alhajas intervenido en su oficina.
El segundo examen técnico, encargado por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama a la prestigiosa joyería Yanes, ha tasado el ajuar en un total de 1.023.320 euros.
Sin embargo, el aspecto más determinante del análisis radica en su datación cronológica, ya que los expertos sostienen que las piezas de mayor valor económico se habrían fabricado con posterioridad al año 2007, un dato que contradice frontalmente la versión oficial mantenida por el exmandatario socialista.
El origen de esta controversia judicial se remonta al pasado 19 de mayo, fecha en la que los cuerpos policiales descubrieron más de 60 piezas de alta joyería ocultas en el interior de una caja fuerte durante el registro de su despacho profesional.
Las diligencias se instruyen en una pieza separada del denominado caso Plus Ultra, donde el magistrado atribuye inicialmente al exlíder político presuntos delitos de carácter fiscal y contrabando, a los que la Fiscalía Anticorrupción solicitó posteriormente incorporar el tipo penal de malversación de fondos.
Una valoración inicial efectuada por la casa Ansorena había cifrado el conjunto en un importe cercano a los 1,3 millones de euros, motivando la orden judicial de este segundo peritaje.
El informe elaborado por Yanes, cuya extensión alcanza los 138 páginas, detalla de forma minuciosa que los tres lotes principales de la colección comparten una idéntica técnica de fabricación.
Según los especialistas, las joyas presentan el mismo tipo de aleación metálica, idéntico engaste y acabados coincidentes, lo que demuestra que fueron producidas de forma simultánea.
Aunque el documento reconoce la imposibilidad de precisar el año exacto de su creación, los expertos destacan que su bajo contenido en níquel descarta una fabricación previa a la normativa comunitaria aprobada en 2007 para limitar la presencia de dicho componente en los metales preciosos.
De acuerdo con la información que recoge El Economista, las características técnicas de las joyas orientan su procedencia hacia mercados de carácter comercial situados en el continente asiático, alejando la hipótesis del obsequio diplomático procedente de Oriente Medio.
Los analistas señalan que el estilo de las piezas resulta incompatible con los rigurosos controles de contrastes y punzones exigidos habitualmente en la Unión Europea o en los países árabes, apuntando a naciones con regulaciones más permisivas como Tailandia, Turquía o la India.
Asimismo, los peritos calificaron de inusual la ausencia absoluta de estuches originales, marcas comerciales trazables o certificados de autenticidad que respalden semejante desembolso económico.
Las conclusiones del informe pericial se conocieron apenas unas horas después de que el juez instructor cuestionara abiertamente la credibilidad del relato ofrecido por el exjefe del Ejecutivo.
El magistrado consideró sumamente sospechosa la falta de documentación acreditativa sobre la procedencia de las alhajas y desestimó la petición de librar una comisión rogatoria a Arabia Saudí solicitada por los letrados defensores, al estimar que carecía de elementos objetivos de respaldo en este período procesal.
No obstante, el tribunal recordó que el investigado dispone de vías directas para probar la legalidad de los bienes.
Por su parte, los representantes legales del exmandatario insisten en que el conjunto ornamental fue entregado como un presente oficial por el fallecido monarca saudí Abdalá Bin Abdulaziz Al-Saud durante una visita institucional desarrollada en el Palacio de La Moncloa.
Mientras la instrucción continúa abierta para esclarecer las incógnitas en torno al patrimonio intervenido, el cruce de informes técnicos y la falta de trazabilidad documental complican la situación judicial del exdirigente socialista en los tribunales.
Con información de El Economista
