El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama, encargado de instruir el conocido como "caso Plus Ultra", ha dictado una nueva providencia para exigir a la Subdirección General de Patrimonio del Estado que remita con carácter urgente, en un plazo máximo de dos días, toda la documentación relativa a los obsequios institucionales recibidos en la Presidencia del Gobierno durante las legislaturas abarcadas entre los años 2004 y 2011.
En concreto, el instructor solicita una copia certificada del "acta de aceptación oficial integrada en el patrimonio de la Administración General del Estado" y vinculada al Ministerio de la Presidencia, fechada concretamente el 1 de marzo de 2012.
Esta diligencia judicial se produce de manera inmediata tras recibir el informe elaborado por la Fiscalía Anticorrupción, un documento clave que aborda la petición de la defensa del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero para activar una comisión rogatoria dirigida a las autoridades de Arabia Saudí en relación con las joyas intervenidas.
Por su parte, el Ministerio Fiscal se ha opuesto de forma rotunda a cursar la citada comisión rogatoria a territorio saudí.
De manera alternativa, la Fiscalía plantea que la investigación judicial contra el exmandatario debe ampliarse formalmente para incluir también un delito de malversación de caudales públicos, argumentando que existió una desviación consciente de la normativa que obligaba a entregar los valiosos obsequios institucionales a las arcas estatales.
Según los argumentos expuestos por el departamento fiscal, la supuesta sustracción de los bienes se habría consumado al excluir y ocultar deliberadamente estas piezas exclusivas del inventario oficial que sí se entregó a Patrimonio del Estado el 1 de marzo de 2012.
La acusación pública sostiene que las explicaciones aportadas por la defensa del expresidente sitúan la recepción de las alhajas en junio de 2007 en el Palacio de la Moncloa, un hecho que, a su juicio, transformó automáticamente dichos artículos en bienes de titularidad pública.
Para la Fiscalía, el escenario planteado por la representación legal de Zapatero evidencia que el exlíder del Ejecutivo se apropió de los objetos con ánimo de lucro.
Como prueba de ello, los investigadores recuerdan que otro valioso presente recibido durante la misma visita oficial del monarca saudí, consistente en un reloj dorado con esmeraldas, sí fue registrado y entregado correctamente a Patrimonio en su momento, a diferencia de las joyas ahora investigadas.
Atendiendo a la valoración económica de los efectos intervenidos, el Ministerio Público subraya que este tipo penal contempla penas de prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación absoluta de 10 a 20 años.
Al situarse el plazo prescriptivo en 15 años, el delito no se consideraría prescrito. Tras recibir los informes correspondientes, el magistrado Calama deberá decidir en los próximos días si da luz verde a la comisión rogatoria o si imputa nuevos delitos al exgobernante José Luis Rodríguez Zapatero.
Con información de La Razón
