La investigación judicial en torno al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha dado un giro significativo. El magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha acordado ampliar las pesquisas hacia dos figuras penales distintas a las iniciales: un presunto delito contra la Hacienda Pública y otro de contrabando.
Esta decisión se fundamenta en el hallazgo de un lote de joyas guardado en el interior de una caja fuerte ubicada en la oficina privada del antiguo líder del Ejecutivo, cuyo origen y trazabilidad económica aún no han sido acreditados de forma legal.
La intervención de los bienes de lujo fue ejecutada el pasado 19 de mayo por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
Según la tasación pericial preliminar encargada de forma directa por el órgano judicial, el valor conjunto de los objetos intervenidos asciende a 1.323.915 euros.
El inventario policial detalla la presencia de más de 60 piezas de alta joyería, entre las que destacan múltiples collares con piedras preciosas, brazaletes de oro, sortijas exclusivas y un colgante grabado con el nombre del expresidente.
Asimismo, los funcionarios decomisaron varios relojes de marcas de gama alta que permanecían ocultos en el mismo depósito de seguridad.
El magistrado instructor detalla en su resolución que la posesión de un patrimonio de lujo tan elevado, sin una documentación que justifique su adquisición lícita, constituye un indicio objetivo de fraude.
En España, el Código Penal sitúa el umbral del delito fiscal en una cuota defraudada superior a los 120.000 euros. Al no existir constancia de ninguna declaración tributaria por estas piezas, el instructor infiere que se habría superado ampliamente dicho límite legal.
Zapatero argumentó inicialmente de manera informal que los objetos procedían de una herencia familiar de su madre y de su suegra, una justificación que ahora deberá demostrar formalmente con documentos oficiales ante la sede judicial.
La segunda vía de imputación penal se centra en la procedencia física de la mercancía dentro del mercado europeo. La resolución explica que la libre circulación de bienes de alto valor por territorio nacional, sin los correspondientes justificantes de pago de aranceles o impuestos de aduanas, apunta a una posible introducción clandestina.
Dado que el volumen económico de las joyas supera por mucho el límite de 150.000 euros que establece la Ley de Contrabando para ser considerado delito en España, la total ausencia de registros aduaneros impide descartar que las piezas entraran al país eludiendo de forma consciente los controles fiscales de las fronteras de la Unión Europea.
Esta nueva causa se tramitará de forma autónoma mediante una pieza separada del procedimiento principal para evitar el retraso del proceso general.
La investigación matriz se inició para esclarecer un presunto delito de tráfico de influencias relacionado con la concesión de una ayuda pública de 53 millones de euros en el año 2021 a la aerolínea Plus Ultra.
Zapatero está citado a declarar en calidad de investigado ante la Audiencia Nacional los días 17 y 18 de junio.
El juez Calama ha subrayado que esta comparecencia presencial representará el escenario procesal idóneo para que el político ofrezca las explicaciones que considere oportunas, aporte los comprobantes de compra o las actas notariales de la herencia y proceda a desmontar los indicios de criminalidad acumulados en su contra.
Con información de EFE
