La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) avanzó en las diligencias judiciales con el primer informe preliminar de los bienes localizados en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la calle Ferraz de Madrid. Según los datos técnicos publicados por El Confidencial y recogidos por La Sexta, la valoración inicial de este lote de alta joyería alcanza al menos el millón de euros.
La investigación penal mantiene el foco sobre 15 piezas específicas distribuidas en tres juegos de diseño árabe —compuestos por collar, pulsera, anillo y dos pendientes— que nunca fueron incorporados a las declaraciones de bienes del exlíder socialista.
El peritaje inicial aportado a las fuentes jurídicas de la causa ratifica que los conjuntos ornamentales contienen piedras preciosas de alta cotización en el mercado internacional. Los análisis técnicos confirmaron que los cristales engarzados en las estructuras son diamantes auténticos.
Asimismo, el examen concreta que el lote identificado con tonalidades verdes está constituido por esmeraldas, mientras que las piezas de base rojiza corresponden a rubíes auténticos, quedando pendiente la certificación final de un tercer juego de tonos azulados.
Junto a estos aderezos, la inspección de la caja fuerte registró un total de siete relojes de lujo. Entre los efectos inventariados destaca una bolsa oficial con la inscripción "Presidencia del Gobierno" que custodiaba un reloj de la firma Longines, una sortija plateada y tres pares de pendientes dorados.
Ante el hallazgo de este patrimonio, la secretaría personal del exmandatario declaró ante los agentes que los objetos pertenecían al ámbito doméstico familiar, asegurando que respondían a una herencia de Sonsoles Espinosa y a obsequios institucionales de viajes.
En el marco del desarrollo de esta misma causa, el Partido Popular formalizó un escrito ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que recoge La Sexta, para exigir la imputación de Laura y Alba Rodríguez, hijas del expresidente.
Tras asumir la dirección de las acusaciones populares en el denominado caso Plus Ultra, la formación conservadora sostiene que ambas deben ser investigadas en su condición de administradoras solidarias y socias de la mercantil What The Fav.
El escrito de la acusación se apoya en las conclusiones del propio magistrado instructor, quien calificó a esta sociedad como un instrumento finalista para la distribución de flujos económicos dentro de la presunta red de tráfico de influencias dirigida a favorecer a la aerolínea.
Según la documentación aportada al sumario, las cuentas personales de las hijas —en las que el exlíder socialista figura como sujeto autorizado— percibieron ingresos de 247.191 euros y 199.904 euros, respectivamente, derivados de los acuerdos comerciales bajo sospecha.
El procedimiento judicial de la Audiencia Nacional investiga el presunto otorgamiento de favores institucionales y ayudas financieras irregulares a la compañía aérea operadora. Las pesquisas intentan esclarecer si existió una red organizada para mediar ante los ministerios competentes y asegurar rescates económicos públicos.
En este escenario de control regulatorio, el juez Calama mantiene citada la comparecencia oficial de José Luis Rodríguez Zapatero para los próximos días 17 y 18 de junio, donde deberá declarar sobre las operativas comerciales y la inclusión de sus familiares en el circuito empresarial.
La ofensiva jurídica del Partido Popular se extiende de igual modo hacia los antiguos gestores del Ministerio de Transportes. El requerimiento solicita la imputación formal del exministro José Luis Ábalos, al que señalan como el receptor principal de una estrategia de presión paralela coordinada por la dirección de Plus Ultra desde marzo de 2020.
Las comunicaciones interceptadas reflejan intenciones explícitas de la trama para acceder de forma directa al titular del departamento.
La acusación sitúa a su entonces asesor, Koldo García, como la pieza fundamental para canalizar estas gestiones en tiempo real. Los registros telefónicos incluidos en el sumario evidencian el seguimiento directo de las agendas institucionales, detallando encuentros entre el propio Zapatero y miembros del gabinete ejecutivo.
Por estos hechos, se reclaman para los antiguos responsables ministeriales presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y organización criminal, manteniéndose ambos en prisión preventiva por procedimientos vinculados a contratos de la pandemia.
Con información de La Sexta
