La Comisión Europea urge a España desvincular la Fiscalía del Gobierno

La Comisión Europea ha emitido este viernes 17 de julio una advertencia formal dirigida a España. Las autoridades comunitarias urgen al país a continuar con la desvinculación de los mandatos del Fiscal General del Estado y del Gobierno central.

El objetivo principal de este requerimiento es lograr una alineación estricta con las normativas del entorno europeo, que exigen la máxima independencia y autonomía para el Ministerio Fiscal. La reclamación ha quedado recogida dentro del documento oficial del Informe del Estado de Derecho de la Unión Europea de 2026.

Reconocimiento de avances y demandas estructurales

Dentro del balance emitido, Bruselas reconoce de forma explícita que las instituciones españolas han logrado un progreso significativo. Este avance se fundamenta en la tramitación de diversas reformas legislativas en el seno del Congreso de los Diputados, destacando los cambios propuestos para la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Pese a estos pasos positivos, la institución europea insiste firmemente en que todavía falta garantizar por completo la separación temporal y funcional del fiscal respecto del Poder Ejecutivo. El estamento europeo recalca que esta autonomía funcional resulta fundamental para operar en concordancia con el resto de las naciones de la Unión Europea.

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Por otro lado, la Comisión Europea señala directamente ciertas deficiencias operativas en el sistema actual. Aunque valora la adopción previa del Plan Estatal Anticorrupción y el proyecto de la Ley Orgánica de Integridad Pública, el organismo internacional sostiene que el Estado español no ha mejorado la aplicación práctica de las reglas existentes. Asimismo, el informe lamenta de manera expresa la excesiva duración que registran las investigaciones judiciales de alto nivel en el territorio nacional.

Críticas al poder judicial y reformas institucionales pendientes

El documento emitido en Bruselas también introduce una alerta seria referente al trato que reciben los magistrados. El texto plasma su preocupación ante las críticas públicas y las manifestaciones vertidas por diversos integrantes de los poderes ejecutivo y legislativo hacia los jueces.

La Comisión Europea recuerda de forma contundente que esta clase de declaraciones institucionales perjudica gravemente la confianza pública depositada en la administración de justicia. Esta situación particular ha despertado una notable repercusión tanto en España como en el resto del continente europeo.

Respecto a los órganos de gobierno judicial, el informe constata la existencia de "avances adicionales" derivados de las últimas renovaciones. No obstante, lamenta la falta de consenso político necesario para concluir de manera definitiva la reforma del sistema de elección de los vocales.

Ante esto, urge a que los propios jueces elijan directamente a sus pares, siguiendo de forma fiel las directrices fijadas por la Comisión de Venecia. Finalmente, el documento oficial de la Unión Europea vuelve a reclamar a las autoridades del país la puesta en marcha de un registro obligatorio de grupos de presión (conocidos como 'lobbies') y demanda la aprobación legislativa final para la nueva Ley de Secretos Oficiales.

Con información de Marca