El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado este jueves la apertura de una investigación interna para examinar las cargas policiales registradas durante la jornada de huelga general del miércoles 11 de noviembre.
Según recoge EFE, la medida incluye la orden a la Dirección General de la Policía de prohibir el empleo de gas lacrimógeno en manifestaciones, una decisión que ha situado al titular de Interior bajo doble presión política y sindical tras cerrarse la jornada de protestas con más de un centenar de detenidos —practicados por la Policía Nacional, la Guardia Civil, los Mossos d’Esquadra y la Ertzaintza— y más de un millar de incidencias, de acuerdo con el balance provisional del Ministerio.
Durante el desarrollo de las movilizaciones en Madrid, los agentes impidieron que la marcha concluyera en la plaza de España, su destino previsto inicialmente, con el objetivo de evitar posibles altercados tras detectar la presencia de «radicales de extrema izquierda» en la cabecera, según indicaron fuentes policiales a EFE.
Por su parte, la Subdelegación del Gobierno precisó que, una vez que la cabecera alcanzó la plaza de España y el Sindicato de Inquilinas dio por terminado el acto, se produjeron algunos incidentes que llevaron a la Policía Nacional a disolver la concentración por motivos de seguridad.
Ante la repercusión de las imágenes, Fernando Grande-Marlaska ha encomendado a la Dirección General de la Policía analizar las «distintas incidencias» registradas en la actuación policial durante la jornada de protestas.
En la misma línea, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, declaró que el Ejecutivo no permanecerá «impasible» frente a unas cargas policiales cuyas imágenes, según admitió, «desagradan» y no gustan al Ejecutivo.
La actuación policial centró el debate en la Diputación Permanente del Congreso, donde portavoces de Sumar, Podemos y ERC exigieron la dimisión de Marlaska.
La portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero, criticó la intervención frente a manifestantes pacíficos y reclamó responsabilidades políticas, una petición de destitución que también formularon el candidato de Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado —respaldado por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy—, y el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez.
Desde ERC, Gabriel Rufián tachó de excesiva tanto la violencia al cierre de la marcha de Barcelona como la respuesta policial, mientras la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, exigió la salida del ministro cuestionando el uso de gas pimienta y las identificaciones masivas.
De forma paralela, la orden de investigar a los agentes y restringir el gas lacrimógeno provocó el rechazo unánime de los sindicatos policiales.
Tanto Jupol como la Unión Federal de Policía (UFP) solicitaron la dimisión de Marlaska, acusándole de señalar y dejar sin respaldo institucional a los funcionarios.
Asimismo, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) calificó de «inadmisible» poner bajo sospecha a los policías y limitar sus medios, mientras el Sindicato Profesional de Policía (SPP) advirtió de que retirar este material deja a los antidisturbios indefensos y expuestos a agresiones directas sin una alternativa intermedia eficaz.
Con información de EFE
