El IVA de la luz y el gas vuelve al 21%

La factura energética de los consumidores españoles experimentará un incremento regulatorio a partir de este lunes 1 de junio. El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) aplicable a los suministros de electricidad y de gas natural regresa al tipo general del 21%, dejando atrás el tramo reducido del 10% que permanecía vigente.

Esta variación fiscal responde a las cláusulas de revisión automática contempladas en el último paquete normativo estatal, el cual vinculaba la continuidad de las bonificaciones a la evolución de los precios mayoristas en los mercados de distribución.

Las medidas de alivio económico, aprobadas el pasado 20 de marzo dentro del plan de contingencia para mitigar los efectos derivados de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, tenían como fecha límite general el 30 de junio.

No obstante, el texto legal facultaba la retirada anticipada de los incentivos fiscales si durante el mes de abril se constataba una moderación en las tarifas de la energía. Al cumplirse dicha condición de descenso de costes en los mercados de referencia, la administración ha procedido a restaurar la fiscalidad ordinaria.

El incremento impositivo afecta de forma simultánea a diferentes fuentes de abastecimiento doméstico e industrial. Además de la luz y el gas canalizado, los productos sustitutivos como los pellets, las briquetas y la leña tradicional también pasan a tributar al tipo general del 21%.

Paralelamente, concluye el período de descuento sobre el Impuesto Especial de la Electricidad, una tasa técnica que recupera su nivel habitual del 5% tras haber permanecido reducida en un mínimo del 0,5% durante las semanas previas.

El Gobierno aprueba un plan anticrisis de 5.000 millones: rebajas el IVA al 10% en los carburantes

Por el contrario, el sector de los carburantes mantendrá sin alteraciones sus condiciones especiales de protección financiera. Los combustibles conservan la rebaja del IVA al 10% y las reducciones específicas en el Impuesto sobre Hidrocarburos.

Esta excepción responde a que los índices de inflación sectorial del petróleo superaron durante abril el umbral de referencia del 15%, límite fijado por las autoridades de Hacienda para justificar la continuidad de las ayudas públicas.

Asimismo, otras disposiciones contempladas en el decreto anticrisis continuarán operativas hasta el próximo 30 de junio. Entre estas prórrogas técnicas se incluye la suspensión temporal del impuesto que grava el valor de la producción de energía eléctrica, los fondos de ayuda directa para los sectores del transporte y la agricultura, y las coberturas adicionales ligadas al bono social eléctrico para familias vulnerables.

Peticiones sindicales y debate en el Ejecutivo

El vencimiento de los beneficios fiscales ha reactivado las conversaciones de control entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales.

Las organizaciones sindicales Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) han trasladado al Ejecutivo la necesidad de aplicar una revisión semestral al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para paliar la pérdida de poder adquisitivo del consumo.

Adicionalmente, han reclamado sostener la rebaja del IVA energético y habilitar un pago único de 300 euros destinado a rentas bajas.

En el plano político, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha reclamado de forma urgente la tramitación de un nuevo real decreto que restablezca el IVA reducido para el gas y la electricidad.

Durante su intervención en el Congreso de los Diputados, Díaz defendió que la inestabilidad internacional sigue afectando a la economía familiar y solicitó recuperar el límite máximo del 2% para la actualización de los contratos de alquiler de vivienda.

Con información de EFE