El Ejecutivo central ha dado luz verde a un paquete de respuesta integral ante la inestabilidad en Oriente Próximo, movilizando una inversión pública de 5.000 millones de euros.
El plan anticrisis, anunciado por el presidente Pedro Sánchez, articula 80 medidas diseñadas para amortiguar el impacto de la inflación en familias, pymes y el sector primario.
La reforma del paquete fiscal se presenta como el eje motor de esta estrategia de contención. El Consejo de Ministros ha validado la reducción del IVA de los carburantes, que cae del 21% al 10%, una medida que se traduce en un ahorro directo de hasta 30 céntimos por litro para el consumidor final.
En términos prácticos, esto supone un alivio de aproximadamente 20 euros por cada repostaje de un depósito medio.
Esta rebaja se complementa con una intervención profunda en la factura eléctrica, donde se suspende el Impuesto sobre la Producción de Energía (7%) y se reduce el Impuesto Especial sobre la Electricidad al mínimo del 0,5%, buscando minimizar los costes del sistema antes de que repercutan en el recibo doméstico.
El sector primario y el transporte profesional reciben una atención diferenciada mediante bonificaciones directas.
Agricultores, ganaderos, pescadores y transportistas contarán con un descuento de 20 céntimos por litro de combustible para mitigar los costes operativos derivados del conflicto entre Irán y la coalición liderada por Estados Unidos e Israel.
Asimismo, el plan contempla ayudas específicas para la adquisición de fertilizantes, cuyo encarecimiento amenaza con disparar el precio de productos básicos como el aceite.
Estas subvenciones están vinculadas a una estricta cláusula de mantenimiento del empleo: aquellas compañías que se beneficien de los fondos públicos tendrán prohibido ejecutar despidos objetivos bajo la supervisión del Ministerio de Trabajo.
En el ámbito de la sostenibilidad y la vivienda, el decreto introduce deducciones en el IRPF para obras que mejoren la eficiencia energética en los hogares y acelera los trámites administrativos para el despliegue de renovables.
El Ejecutivo también apuesta por la movilidad corporativa, adelantando un año la obligatoriedad de que las empresas con más de 200 empleados cuenten con planes de movilidad sostenible.
Para la gran industria, se recupera la bonificación del 80% en los peajes eléctricos, una medida que inyectará unos 200 millones de euros en el sector electrointensivo para garantizar su competitividad frente a la escalada de los precios del gas, cuyo IVA también se reduce al tipo reducido del 10%.
Este despliegue normativo se produce en un contexto de rigidez fiscal por parte de las autoridades comunitarias.
Bruselas ha advertido que, por el momento, no habrá flexibilidad adicional en las reglas de déficit a pesar del impacto de la guerra en Oriente Próximo.
Esta postura obliga al Gobierno de España a optimizar la eficiencia de los 5.000 millones movilizados, asegurando que las ayudas lleguen de forma focalizada a los sectores más expuestos.
El plan busca no solo un alivio inmediato, sino una transición estructural hacia la soberanía energética, simplificando el autoconsumo compartido en polígonos industriales y barrios para reducir la dependencia de los mercados internacionales.
El decreto ley entra en vigor de forma inmediata, aunque su vigencia a largo plazo depende de su convalidación en el Congreso de los Diputados el próximo jueves, 26 de marzo.
La Junta de Portavoces ha agilizado los plazos para que el debate no se demore, dada la urgencia de las medidas. Aunque el Ejecutivo confía en la flexibilidad del plan para obtener el apoyo parlamentario necesario, se ha descartado una de las peticiones de la oposición: la rebaja del IVA de los alimentos.
El foco se mantiene, por tanto, en el bloque energético y de hidrocarburos como principal herramienta para frenar la espiral inflacionaria que amenaza la recuperación económica.
Con información de La Razón
