La Audiencia Nacional ha asumido de forma íntegra la causa judicial abierta contra el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, por su gestión institucional ante el ingreso masivo de miles de personas migrantes provenientes de Marruecos durante los días 30 y 31 del pasado mes de julio.
Según confirma la agencia EFE, la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón será la encargada de asumir las diligencias penales tras inhibirse a su favor el Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta, contando para ello con el dictamen favorable del Ministerio Fiscal.
El juzgado territorial ceutí ha remitido a Madrid la totalidad de las actuaciones incoadas hasta la fecha. Entre la documentación enviada figuran las solicitudes formales planteadas por la acusación popular ejercida por Hazte Oír, organización que ha reclamado la declaración de Pérez Triano en calidad de investigado.
Asimismo, la entidad ha solicitado la conservación estricta de correos electrónicos y grabaciones, el análisis de los atestados policiales redactados durante esas jornadas críticos y el testimonio como testigo de Gonzalo Sanz, quien dimitió recientemente de su cargo como jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno.
Por su parte, las primeras pesquisas iniciadas en el juzgado local surgieron a raíz de una acción emprendida por Manos Limpias. Sin embargo, la resolución judicial precisa que dicho colectivo no se personó formalmente en la causa, razón por la cual carece de legitimación procesal para requerir nuevas diligencias.
Los escritos de denuncia atribuyen al representante gubernamental supuestos delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, denegación de auxilio, así como homicidio y lesiones por imprudencia grave cometidos presuntamente en comisión por omisión.
La unificación del procedimiento responde a la existencia de una clara conexión objetiva y subjetiva entre los hechos indagados en ambas instancias judiciales. La jueza María Tardón mantiene abierto un procedimiento de mayor alcance, iniciado originalmente a partir de una denuncia presentada por el colectivo Iustitia Europa.
En esta causa marco se investigan conductas presuntamente delictivas cometidas en el extranjero que habrían atentado gravemente contra la integridad territorial de España, bajo la sospecha de una gestión favorecedora de los flujos migratorios articulada desde territorio marroquí.
El marco de la investigación judicial abarca todas las actuaciones desarrolladas en el espacio soberano español, incluyendo la clarificación de las circunstancias de los fallecimientos registrados en el mar durante las travesías a nado.
La instructora centra sus esfuerzos en evaluar la respuesta de los mandos públicos y la adecuada activación de los protocolos de alerta temprana.
Para fundamentar el caso, la magistrada requirió al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes la entrega de 40 documentos desclasificados por el Ejecutivo central.
Estos expedientes revelan que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) envió notas informativas a los servicios de inteligencia de Marruecos y a las autoridades españolas desde el 29 de julio, advirtiendo con antelación sobre llamamientos en redes sociales para vulnerar el espigón fronterizo durante la celebración de la Fiesta del Trono.
Con información de EFE
