La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón ha solicitado formalmente asumir la causa penal que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta contra el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano.
La resolución requiere al órgano judicial ceutí que evalúe su inhibición para unificar las diligencias en el procedimiento centralizado en el tribunal nacional, iniciado tras los acontecimientos migratorios ocurridos los días 30 y 31 de julio.
La petición tramitada por la jueza responde a la acumulación de denuncias formuladas inicialmente por el sindicato Manos Limpias, a las que se sumaron con posterioridad las querellas presentadas por las organizaciones Vox y Hazte Oír.
El planteamiento judicial busca concentrar en un único expediente el análisis sobre la gestión administrativa y operativa desarrollada por la representación gubernamental durante las jornadas de acceso masivo a través de la frontera.
La solicitud de inhibición cuenta con la conformidad de la Fiscalía de Ceuta, órgano que ha emitido un dictamen formal al considerar que los hechos atribuidos al delegado guardan conexión directa con la causa matriz que dirige la magistrada Tardón.
El procedimiento principal de la Audiencia Nacional investiga posibles conductas delictivas cometidas en el exterior que habrían afectado a la integridad territorial del Estado, analizando paralelamente la existencia de actuaciones favorecedoras desde territorio marroquí.
En las actuaciones remitidas, las partes denunciantes atribuyen a la autoridad gubernamental los presuntos delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, denegación de auxilio, así como homicidio y lesiones por imprudencia grave en comisión por omisión.
El tribunal central examina si los protocolos de respuesta y la gestión de la información previa se ejecutaron conforme a los requerimientos legales y de seguridad previstos para la protección del perímetro fronterizo.
Dentro de la tramitación de la causa, la magistrada requirió la semana pasada al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes la remisión de 40 documentos oficiales desclasificados por el Ejecutivo.
La documentación incluye notas informativas, análisis de situación y comunicaciones operativas mantenidas entre los organismos de seguridad y la Delegación del Gobierno durante los días en que se produjeron los hechos.
Entre los informes incorporados a la causa figura una nota de alerta temprana elaborada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) emitida el 29 de julio, la cual fue comunicada a los servicios de inteligencia de Marruecos y a las autoridades españolas.
El documento advertía de posibles intentos de entrada a la ciudad autónoma coincidiendo con las festividades de la Fiesta del Trono, tras detectarse diversas convocatorias en redes sociales durante los días previos al cruce fronterizo.
Con información de EFE
