La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido un nuevo informe de 317 páginas al magistrado Juan Carlos Peinado. En este documento, las autoridades confirman que el análisis de la información bancaria de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, concuerda de forma estricta con sus actividades laborales ordinarias.
Los agentes de la policía judicial especifican que no se han localizado movimientos financieros bajo sospecha, indicios de enriquecimiento ilícito ni operaciones económicas irregulares.
Asimismo, la fuerza pública ratifica que la creación de la cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) se ejecutó conforme a la normativa universitaria interna vigente.
A pesar de descartar delitos de carácter financiero o patrimonial en las cuentas personales de Gómez, la UCO enfoca sus sospechas sobre la mercantil Transforma TSC y el desarrollo del software informático asociado a este proyecto académico.
Los investigadores indican que se pudieron cometer diversas irregularidades de índole administrativa en el proceso de gestión, tramitación y explotación comercial de esta herramienta tecnológica.
Sin embargo, el dossier policial matiza con claridad que los hallazgos actuales no permiten determinar de forma concluyente la existencia de conductas delictivas.
La Guardia Civil detalla de forma pormenorizada la relación económica establecida entre la institución educativa pública y las empresas tecnológicas Making Science y Deloitte.
El informe policial advierte de que determinadas adjudicaciones pudieron estar "planificadas de manera previa", elaborando expedientes con el presunto fin de simular un entorno de "legalidad" formal en contratos que se habrían tramitado al margen de la legislación reguladora de los contratos del sector público.
Según los agentes, estas prácticas restringieron de manera deliberada la libre competencia de otros posibles licitadores en el mercado de servicios de consultoría.
El documento técnico subraya de manera específica que la consultora Deloitte comenzó a ejecutar labores operativas para la cátedra antes de que se formalizara la adjudicación administrativa del contrato correspondiente.
Respecto a la firma Making Science, la UCO sostiene que la empresa prestó servicios de soporte y desarrollo técnico sin que mediara la tramitación previa de un expediente de contratación obligatoria.
La investigación también cuestiona los cauces oficiales utilizados para la inscripción formal de la propiedad intelectual y el uso posterior de la plataforma informática.
Ante el contenido del oficio policial, la representación legal de Begoña Gómez ha reiterado que las conclusiones de la Guardia Civil consolidan de forma definitiva la tesis de que no se ha cometido infracción penal alguna, motivo por el cual insiste en solicitar el sobreseimiento del caso.
Esta postura coincide con los requerimientos previos de la Fiscalía, que ha demandado de manera reiterada el archivo de las diferentes líneas de instrucción. La causa judicial comenzó tras una denuncia del colectivo Manos Limpias, acumulando imputaciones iniciales por presunta malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida.
Con información de Euronews
