La representación legal de Begoña Gómez ha dado un paso decisivo ante la Audiencia Provincial de Madrid. Mediante un escrito de conclusiones provisionales, el letrado Antonio Camacho ha solicitado la libre absolución de la esposa del presidente del Gobierno de cara a la eventual celebración de un juicio con jurado popular.
La defensa argumenta con firmeza que los hechos objeto de la investigación no revisten carácter delictivo bajo ninguna circunstancia, reiterando la petición de sobreseimiento que ha mantenido desde el inicio del procedimiento penal, de acuerdo con la información que recoge EFE.
Esta respuesta jurídica se produce después de que el magistrado instructor, Juan Carlos Peinado, desestimara los recursos destinados a archivar las actuaciones contra Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés.
Pese a la intención del juzgado de dar por concluida la instrucción y elevar el caso a la fase de juicio oral, la resolución definitiva permanece ahora en manos de la Audiencia Provincial, que deberá evaluar si sostiene la acusación o decreta el carpetazo definitivo.
Frente a las tesis acusatorias, el equipo jurídico ha estructurado una cronología alternativa para desmontar los presuntos delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación de fondos públicos.
El documento enfatiza que la vinculación de Gómez con la Universidad Complutense de Madrid (UCM) se originó en el año 2012, una etapa en la que su cónyuge, Pedro Sánchez, carecía de cualquier tipo de cargo o responsabilidad en el ámbito de la administración pública.
La defensa aclara que, tras años codirigiendo estudios sobre captación de fondos y másteres especializados, Gómez abandonó sus responsabilidades en la firma privada Inmark en 2018. Esta desvinculación se ejecutó de forma expresa coincidiendo con el nombramiento de Sánchez como jefe del Ejecutivo, con el objetivo de erradicar cualquier aparente conflicto de intereses.
Respecto a la cátedra extraordinaria creada en 2020, el escrito matiza que el puesto no conllevaba retribución económica alguna y que la normativa del centro educativo no exige titulación universitaria previa para ejercer dicha codirección.
Uno de los flancos principales de la impugnación radica en las herramientas tecnológicas desarrolladas en el marco académico. El texto aclara que los fondos aportados por empresas colaboradoras para la creación de un software especializado se integraron directamente en las arcas de la Complutense.
Debido a que la aplicación informática nunca llegó a completarse ni a ser utilizada de forma comercial, la defensa sostiene que los recursos económicos permanecieron intactos en el balance institucional, impidiendo la existencia de un perjuicio patrimonial para la universidad pública.
Por otra parte, el documento exime de cualquier irregularidad las gestiones de la asesora Cristina Álvarez y precisa los términos de la relación profesional con Juan Carlos Barrabés.
Según el letrado, la intervención del empresario se limitó estrictamente a impartir sesiones magistrales aisladas dentro del máster, descartando de forma tajante que hubiese tenido participación alguna en la planificación, nacimiento o desarrollo de la cátedra bajo sospecha.
Asimismo, el escrito de Camacho resulta especialmente punitivo con las organizaciones demandantes, solicitando que sean condenadas al pago de las costas procesales por actuar con temeridad y evidente "mala fe".
La defensa concluye que la insistencia en sostener una causa ante la carencia absoluta de elementos probatorios objetivos evidencia un interés ajeno a la justicia, orientado exclusivamente a orquestar una campaña de presión mediática y descalificación reputacional contra la investigada.
Con información de EFE
