La investigación en torno a las actividades profesionales de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sumado un nuevo e inquietante testimonio. El empresario José María Torres, figura clave en el engranaje financiero de la cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), compareció este jueves ante el magistrado Juan Carlos Peinado.
Durante su declaración, Torres reconoció haber sido el motor principal para que tres entidades bajo su control —el grupo Numintec, la patronal Conpymes y la Fundación Pimec— inyectaran recursos económicos en el proyecto académico codirigido por Gómez.
Sin embargo, el punto más crítico de su comparecencia residió en la gestión de dichos activos. Torres admitió con contundencia que, tras efectuar una aportación de 6.000 euros a través de Numintec, nunca recibió un informe detallado sobre el uso final de esos fondos.
Según fuentes jurídicas vinculadas al proceso, que recoge La Razón, el testigo aseguró que nadie le reportó qué se hizo concretamente con el dinero, el cual supuestamente debía estar vinculado a un programa de becas. Esta falta de transparencia en la rendición de cuentas incrementa las dudas sobre el rigor administrativo de la cátedra en la UCM.
La declaración también arrojó luz sobre la logística de las relaciones entre el sector privado y el entorno de la Presidencia del Gobierno. El empresario desveló que mantuvo encuentros frecuentes en cafeterías con Begoña Gómez para coordinar los avances de la cátedra.
Lo relevante de estos cónclaves, según su testimonio, fue la asistencia de Cristina Álvarez, identificada como asesora en Moncloa, y de Blanca de Juan, entonces coordinadora de la formación académica.
Esta presencia constante de personal de la estructura gubernamental en asuntos privados de patrocinio es uno de los ejes que el instructor intenta desentrañar.
Respecto a la participación de la asesora presidencial, Torres intentó matizar su rol alegando que Álvarez se limitaba a tareas de logística y seguridad. Según su versión, la asistente se encargaba de coordinar los equipos de escolta para evitar lo que calificó como el "acoso de los periodistas" durante los desplazamientos de la mujer de Pedro Sánchez.
No obstante, el magistrado analiza si esta mediación de empleados públicos en la esfera empresarial de Gómez excede las funciones protocolarias permitidas por la normativa de transparencia y ética pública.
Para contextualizar este escenario, cabe recordar que el "caso Begoña Gómez" investiga presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
La cátedra en cuestión, dedicada a la Transformación Social Competitiva, ha estado en el centro del debate político por la supuesta utilización de la posición institucional de Gómez para captar patrocinios.
Finalmente, el empresario confirmó la asistencia de Begoña Gómez a diversos actos corporativos de sus compañías, situando siempre a su lado a personal de Presidencia.
El caso continúa avanzando con la citación de nuevos testigos y la revisión de la documentación aportada por la UCM, donde aún no consta la entrega de la adenda de colaboración firmada que Torres afirmó no haber recibido nunca.
Con información de La Razón
