El proceso judicial que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha alcanzado un nuevo pico de intensidad jurídica. La asociación Hazte Oír, actuando en representación de la acusación popular unificada, ha formalizado un escrito de conclusiones ante el magistrado Juan Carlos Peinado.
En el documento, al que ha tenido acceso La Razón, se solicita una condena total de 24 años de cárcel para Begoña Gómez fundamentada en una supuesta amalgama de delitos que van desde el tráfico de influencias hasta la apropiación indebida.
La petición de penas se desglosa en cuatro ejes punitivos: seis años por tráfico de influencias en la contratación de su asesora en Moncloa; cuatro años por corrupción en los negocios; ocho años por malversación de caudales públicos —vinculados al uso de recursos estatales para intereses privados— y otros seis años por la presunta apropiación indebida del software desarrollado para la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
La acusación sostiene que la trayectoria de Gómez experimentó un "giro radical" tras la llegada de Pedro Sánchez al poder, aprovechando su estatus para incrementar su proyección institucional y el acceso a cúpulas directivas.
En un movimiento estratégico de calado político, la acción popular ha solicitado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sea citado a declarar en calidad de testigo durante la vista oral. Esta petición se extiende a un extenso listado de figuras de alto relieve, incluyendo al ministro Félix Bolaños, al exasesor Iván Redondo y a destacados directivos de empresas como Telefónica e Indra.
La intención de la acusación es arrojar luz sobre las sinergias entre la actividad profesional de Gómez y el aparato de la Administración General del Estado.
Respecto a la vertiente académica en la UCM, el escrito de Hazte Oír destaca que la creación de la cátedra extraordinaria dirigida por Gómez se produjo sin que la investigada ostentara una licenciatura universitaria ni mediara un proceso de selección competitivo equiparable al ordinario.
Asimismo, el texto hace especial hincapié en el registro de la marca "TSC Transformación Social Competitiva", argumentando que existió una voluntad deliberada de explotar en beneficio personal desarrollos tecnológicos financiados por terceros en el marco universitario.
En el actual escenario político, la independencia del Poder Judicial frente a las presiones del Ejecutivo se ha convertido en el principal termómetro de la calidad democrática en España, marcando un precedente histórico en la fiscalización de las parejas de los mandatarios.
Para asegurar el desarrollo del juicio y evitar riesgos de elusión, la acusación ha interesado medidas cautelares severas. Entre ellas figuran la prohibición de salida del territorio nacional, la retirada inmediata del pasaporte y la obligación de comparecer quincenalmente ante el juzgado.
Estas solicitudes, junto con la petición de penas de 22 años para su asistente en presidencia y seis años para el empresario Juan Carlos Barrabés, colocan al juez Peinado ante la decisión de validar un relato que describe un uso sistemático de la influencia política para fines lucrativos particulares.
Con información de La Razón
