El juez procesa a Begoña Gómez por cuatro delitos

El cerco judicial sobre Begoña Gómez ha dado un paso definitivo hacia el banquillo. El juez Juan Carlos Peinado ha dictado un auto en el que acuerda procesar a la esposa del presidente del Gobierno por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

Tras meses de instrucción, el magistrado considera que existen indicios "plurales y sólidos" de que Gómez aprovechó su situación personal en el Palacio de la Moncloa para impulsar proyectos privados, utilizando recursos del Estado en beneficio propio.

En su resolución, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha descartado, no obstante, el cargo de intrusismo profesional. El juez sostiene que los indicios sobre este punto son "endebles", al entender que no se requería una titulación específica para la firma del pliego de condiciones técnicas que originó la controversia.

Con este auto, Peinado da un plazo de cinco días a las partes para que formulen sus conclusiones provisionales y soliciten la apertura del juicio oral ante un jurado popular.

El pilar de la acusación reside en el tráfico de influencias. El instructor subraya que Gómez, en su condición de particular, influyó sobre autoridades prevaleciéndose de su relación con Pedro Sánchez para acceder a "interlocuciones institucionalmente excepcionales".

Begoña Gómez rechaza el jurado popular y denuncia las conjeturas del juez

Según el auto, desde la llegada de Sánchez a la presidencia, se tomaron decisiones públicas que favorecieron a la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que ella codirigía, obteniendo un "aprovechamiento singular de su posición relacional" para atraer a grandes empresas españolas que licitan con la administración.

Respecto a la corrupción en los negocios y la apropiación indebida, el juez es tajante: Gómez habría sido la impulsora de una captación de fondos que, en apariencia, era para la cátedra pública, pero que indiciariamente buscaba integrar activos en su patrimonio personal.

El magistrado destaca el caso del software desarrollado para la universidad, que Gómez habría integrado en una web de su titularidad exclusiva "frustrando la obligación de restitución al destino universitario del bien".

Este procesamiento se produce en un contexto de alta tensión política en España, donde la independencia judicial y la ética en las instituciones han centrado el debate público tras la desclasificación de diversos informes sobre las actividades en la Moncloa.

Finalmente, el cargo de malversación implica también a Cristina Álvarez, asesora de Presidencia, y al empresario Juan Carlos Barrabés. El juez aprecia que Gómez utilizó de forma estable "fuerza de trabajo sufragada por el Estado" para fines profesionales y mercantiles ajenos al cometido institucional.

El magistrado rechaza prorrogar la instrucción, considerando que los hechos están suficientemente esclarecidos para que las acusaciones presenten sus escritos, acercando así la posibilidad de una vista oral histórica en la Audiencia Provincial de Madrid.

Con información de Europa Press