La actriz Elisa Mouliaá compareció este miércoles 24 de junio de forma voluntaria ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid para responder por la querella por presuntas calumnias interpuesta por el exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón.
La intérprete acudió a la sede judicial después de que el magistrado Arturo Zamarriego ordenara su detención la semana pasada debido a tres incomparecencias consecutivas. Mouliaá rechazó de forma tajante haber intentado eludir la acción de la justicia o haber actuado con la intención de difamar al expolítico.
Al término de la sesión, la defensa de Errejón solicitó formalmente la imposición de comparecencias quincenales obligatorias para la investigada, argumentando una actitud sostenida de obstrucción al proceso.
Durante el interrogatorio, la actriz detalló los motivos detrás de sus ausencias previas en las citas programadas. Mouliaá acreditó que en las dos primeras ocasiones se encontraba de baja médica y buscaba evitar coincidir físicamente con el demandante dentro de las dependencias judiciales.
Respecto a la tercera convocatoria, fechada el pasado 15 del mes en curso, aclaró que se debió a compromisos laborales ineludibles en los Emiratos Árabes Unidos.
Para presentarse esta mañana, la denunciante afirmó haber rescindido un contrato profesional vigente en el extranjero con el fin de regularizar su situación procesal.
El litigio penal proviene de dos publicaciones realizadas por la actriz en redes sociales, donde acusaba a Errejón de extorsionar y alterar los testimonios de dos personas en la causa principal por agresión sexual.
Ante el juez Zamarriego, Mouliaá admitió que pudo haberse equivocado en su interpretación tras visualizar un material audiovisual donde un testigo conversaba con el político sobre su estrategia de defensa, aunque sostuvo que en el momento de redactar los mensajes creía firmemente en la veracidad de sus palabras.
A las puertas del edificio judicial, la compareciente lamentó lo que calificó como un trato judicial "desproporcionado" en comparación con otros casos mediáticos de la escena pública nacional.
Como argumento de contraste, mencionó las sucesivas prórrogas otorgadas a figuras políticas y particulares en procesos paralelos antes de dictarse medidas cautelares severas.
A pesar de haber solicitado disculpas formales al instructor por las demoras, la artista insistió en que los mecanismos de coacción penal aplicados en su contra superan los estándares habituales para este tipo de delitos menores.
Este procedimiento judicial se enmarca dentro de una crisis política e institucional de gran calado en España, iniciada tras la dimisión en bloque del portavoz parlamentario antes de formalizarse las actas judiciales.
El cruce de demandas penales entre víctimas y acusados ha generado un debate social profundo sobre las garantías procesales de las denunciantes y los límites del derecho al honor.
Finalmente, Mouliaá denunció ser objeto de un castigo sistemático orientado a desincentivar las denuncias públicas de las mujeres frente a perfiles con influencia institucional.
La actriz concluyó reafirmando que la dimisión de Errejón ocurrió por testimonios previos a su declaración y que su intervención original respondió únicamente a un deber moral de protección colectiva.
Con información de EFE
