El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 3 de noviembre un real decreto urgente que contempla la movilización de un paquete económico dotado con 30 millones de euros en ayudas directas e inmediatas para los afectados por el trágico accidente ferroviario registrado en las inmediaciones de la localidad toledana de Urda el pasado 28 de octubre.
La medida, anunciada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, junto a la ministra portavoz, Elma Saiz, busca ofrecer una respuesta institucional rápida a los damnificados por un siniestro que deja un balance provisional de 69 personas fallecidas.
El despliegue presupuestario se divide a partes iguales en 15 millones de euros destinados a ayudas urgentes y otros 15 millones habilitados como un sistema de anticipos por responsabilidad civil. Durante su intervención, Puente subrayó que el esquema normativo sigue los parámetros aplicados con anterioridad en siniestros ferroviarios previos, como los registrados en Adamuz y Gelida, garantizando que los pagos se ejecuten de oficio y con carácter retroactivo para evitar los retrasos inherentes a los procedimientos judiciales ordinarios.
El escudo económico articulado por el Ejecutivo descansa sobre cuatro pilares fundamentales: la asignación de ayudas no reembolsables que duplican las cuantías del seguro obligatorio de viajeros, el mecanismo específico de anticipo de indemnizaciones, la creación de un cauce preferente de incapacidad temporal y el despliegue de oficinas de asistencia personalizada.
Según los baremos establecidos, los familiares de las víctimas mortales percibirán ayudas directas complementadas con los anticipos correspondientes, mientras que las compensaciones por lesiones corporales oscilarán en función de los niveles de gravedad tipificados en la normativa de aplicación.
De acuerdo con la información recogida por El Mundo, el real decreto introduce además importantes salvaguardas en el ámbito laboral y de la Seguridad Social. Las bajas médicas derivadas de las lesiones o secuelas del accidente tendrán la consideración jurídica de "accidente de trabajo" desde el mismo día del suceso, permitiendo a los empleados percibir prestaciones más ventajosas.
Asimismo, se contemplan mejoras específicas para los funcionarios adscritos al régimen de clases pasivas que sufran reducciones de capacidad permanente como consecuencia del siniestro.
Ante el incremento detectado en los precios de los medios de transporte alternativos habilitados tras el accidente —con tarifas que llegaron a "multiplicarse por 8 o 9"—, la norma incorpora instrumentos legales para limitar los precios y regular los servicios durante situaciones de emergencia. Esta medida pretende frenar prácticas abusivas que perjudiquen a los usuarios afectados por la interrupción de la circulación ferroviaria.
Para la gestión de todas estas prestaciones, la administración central ha ordenado la habilitación de oficinas de atención integral en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de las comunidades autónomas de residencia de los afectados.
En aquellos casos en los que la movilidad de los perjudicados se encuentre limitada, los equipos institucionales realizarán desplazamientos domiciliarios a través del programa de asistencia pública para agilizar la tramitación de las ayudas durante este período de duelo y recuperación.
Con información de El Mundo
